El director de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Juan Gabriel Riestra Beltrán, afirmó que las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales buscan poner fin al mercado negro del recurso, dar certeza jurídica a ejidos y comunidades y garantizar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan.
Explicó que, desde la reforma de 1992, la ley permitió separar el agua de la tierra, lo que abrió la puerta a prácticas irregulares en todo el país. Señaló que el 76% del agua concesionada corresponde al uso agrícola y que, bajo ese esquema, se detectó que volúmenes asignados a productores terminaron en industrias, comercios, clubes de golf e incluso en redes de venta ilegal.
“Había un mercado completamente negro. Encontramos casos de usuarios agrícolas que vendían agua a la industria y piperos que operaban con títulos agrícolas”.
Explicó que la nueva legislación corrige ese escenario al impedir la separación del agua y la tierra.
Desmintió aquellas versiones que generaron preocupación entre productores de distintos estados. Además, destacó que los distritos de riego no desaparecerán; por el contrario, dijo, tendrán mayor certeza jurídica para operar.
Señaló que una parte importante de la reforma se enfocó en desmontar los mecanismos que permitían el acaparamiento del recurso.
Destacó que en entidades como Chihuahua, Guanajuato y Jalisco se identificó concentración de millones de metros cúbicos en manos de pocos usuarios. En contraste, explicó que La Laguna no enfrenta un mercado negro de gran escala debido a su distrito de riego consolidado, aunque sí han detectado casos de acumulación irregular.
Sobre las sanciones, informó que ahora, además de multas, habrá consecuencias penales para quienes roben o desvíen agua, cuyo tiempo de encierro podría ir de cinco a diez años de prisión, aplicables también a servidores públicos que participen en estas prácticas.
Ante cuestionamientos de legisladores que advierten riesgos en la transferencia de derechos, afirmó que los trámites sucesorios no solo se mantienen, sino que ahora serán más ágiles, además se integrará un Registro Público Nacional del Agua para unificar información y transparentar movimientos.
Finalmente, resaltó que la reforma reduce la posibilidad de que grandes usuarios acumulen agua por años mediante cuotas de garantía.
“La modificación es para la gente que lo necesita. No va contra nadie. Las prórrogas siguen, los derechos se mantienen y el agua vuelve a ser un recurso ligado a su territorio”.