Los juzgados familiares de la región Laguna cerrarán el año con una intensa actividad procesal, de acuerdo con Yezka Garza Ramírez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
Informó que actualmente operan cinco juzgados especializados, los cuales atienden una de las cargas más altas del estado, principalmente en temas relacionados con la disolución del matrimonio y las controversias derivadas de éste.
Explicó que cerca del 70% de los asuntos que ingresan a los juzgados familiares comienzan con una solicitud de divorcio, procedimiento que, desde la reforma de 2015, puede promoverse de manera unilateral y sin necesidad de justificar causas.
Sin embargo, aclaró que este esquema no implica desprotección hacia ningún integrante de la familia, pues el juez debe resolver temas vinculados como pensiones alimenticias, guarda y custodia, régimen de convivencia y, en su caso, liquidación de bienes.
Entre las controversias más frecuentes, además del divorcio, destacan las relacionadas con alimentos, guarda y custodia, y convivencia, siendo esta última una de las que más ha crecido durante el presente año.
Garza Ramírez señaló que todas las resoluciones se toman bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando su derecho a convivir con ambos progenitores y evitando cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad física o emocional.
Respecto a la definición de la guarda y custodia, explicó que hombres y mujeres se encuentran en igualdad de circunstancias para asumirla. Los jueces valoran criterios como el vínculo afectivo, la estabilidad del entorno en el que vivirá el menor, la edad y las evaluaciones psicológicas y sociales realizadas por instancias como DIF, Pronnif y el Centro de Evaluación Psicosocial. Solo en casos de riesgo comprobado, como adicciones o antecedentes penales relevantes, se determina alguna
restricción.
Finalmente, destacó que la mediación continúa siendo una herramienta clave para resolver conflictos familiares sin llegar a juicios prolongados. Subrayó que, aunque la carga de trabajo es alta, se mantiene el compromiso institucional de privilegiar soluciones pacíficas que permitan proteger a las familias y agilizar los procesos en beneficio de los menores involucrados.