Una madre de familia, vecina de la colonia Filadelfia, denunció públicamente presuntos actos de extorsión, tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte de funcionarios del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) Gómez Palacio, luego de que le fuera suspendido el servicio de agua potable y drenaje en el domicilio donde vive junto a sus menores hijos.
De acuerdo con su testimonio, personal de SIDEAPA acudió a su vivienda y clausuró la toma de agua y el drenaje, acción que asegura, contraviene el propio reglamento interno del organismo, ya que no se trata de un negocio de consumo en sitio, sino de un domicilio particular donde ella elabora comida para venta, actividad que realiza como medio de sustento, al igual que muchas otras madres de familia en el municipio.
La afectada señaló que funcionarios del organismo le habrían exigido inicialmente 90 mil pesos para permitirle continuar trabajando, reduciendo posteriormente la cantidad a 45 mil pesos, situación que calificó como un intento de extorsión. Afirmó contar con pruebas de los hechos.
Asimismo, denunció ser víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un vecino, quien presuntamente le ha advertido que no cesará hasta que ella abandone la zona, argumentando que se trata de un área “residencial”.
La mujer indicó que este vecino la graba constantemente con una cámara instalada frente a su domicilio y habla de ella y de sus hijos con otros colonos, pese a no tener conflictos con ellos.
La denunciante expresó su sospecha de que existe una relación entre su vecino y personal de SIDEAPA, lo que considera explicaría la suspensión del servicio, subrayando que otras personas que también venden comida en Gómez Palacio no han sido sancionadas ni privadas del suministro de agua.
Finalmente, señaló que la falta de agua y drenaje desde hace tres días pone en riesgo la salud e integridad de ella y de sus hijos, además de afectar directamente su derecho al trabajo y al sustento, derechos que afirmó están protegidos por la Constitución.
Hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales, así como a la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango, para que intervengan en el caso y se garantice el respeto a sus derechos fundamentales.
La ciudadana pidió el apoyo de la opinión pública y de los medios de comunicación para visibilizar su situación y lograr que se le permita trabajar sin ser objeto de presiones o represalias.