El reciente fallecimiento del joven Chris Hernán Pérez Rentería, ocurrido tras ser detenido y trasladado al Centro de Justicia Municipal de Torreón, ha reavivado una profunda preocupación ciudadana sobre la seguridad de quienes ingresan a las celdas preventivas. Mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas exactas del deceso, este suceso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el capítulo más reciente de un historial de incidentes, omisiones y recomendaciones de derechos humanos que han marcado a la dependencia durante la última década.
En febrero de 2018, la vulnerabilidad dentro de estas celdas quedó expuesta con el caso de Celia "N", documentado bajo la Recomendación 16/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. En este incidente, registrado por El Siglo de Torreón, se acreditó que la detenida sufrió agresiones físicas por parte del personal de guardia dentro del Centro de Justicia Municipal. La resolución del organismo fue contundente al señalar que el personal incumplió con su deber de cuidado y permitió actos que vulneraron la integridad de la ciudadana, incluyendo grabaciones ilegales realizadas por los mismos elementos dentro de las celdas con el fin de humillar a la detenida.
La incertidumbre sobre la vigilancia efectiva en este mismo recinto se acentuó nuevamente en mayo de 2024 con el fallecimiento de Jonathan Alexis Alvarado. Según reportes de Milenio y Telediario Laguna, el joven perdió la vida mientras se encontraba bajo el resguardo del Tribunal de Justicia Municipal. Aunque la versión oficial se manejó como un incidente autoinfligido, la familia denunció públicamente la opacidad en el proceso y la falta de supervisión constante que, por ley, debe garantizar la autoridad administrativa a cualquier persona privada de su libertad, cuestionando cómo es posible que ocurra una tragedia en un espacio que debería estar bajo monitoreo absoluto.
Apenas en julio de 2025, el nombre de Fernando "N" se sumó a esta lista de decesos bajo custodia dentro de las instalaciones de la calzada Colón. Noticieros GREM informó sobre este fallecimiento, cuya versión oficial de las autoridades locales apuntó a un suicidio por asfixia dentro del área de celdas; sin embargo, el hecho volvió a encender las alarmas sobre la capacidad de supervisión constante y la efectividad de los protocolos de vigilancia en el área de celdas preventivas de Torreón.
Estos hechos, sumados a la reciente muerte de Chris Hernán tras un presunto accidente en su celda, dibujan un panorama donde la integridad del detenido queda en entredicho una vez que ingresa al sistema de justicia municipal, dejando a las familias en una búsqueda de respuestas que las autoridades suelen demorar en entregar.
Bajo esta lógica de violencia sistemática, es necesario recordar el caso de Mónica Esparza en 2013, el antecedente de mayor peso por su alcance internacional. En aquel año, ella y su esposo fueron detenidos por la Policía Municipal de Torreón y sometidos a actos de tortura severa; lamentablemente, el esposo de Mónica falleció a consecuencia de la tortura y el maltrato físico recibido mientras estaba bajo custodia de la corporación. Este hecho derivó en la Recomendación 16/2016 de la CNDH, que calificó el deceso como una ejecución arbitraria, marcando un precedente histórico sobre los niveles de violencia que han llegado a ejercer elementos de la policía preventiva local.
Recientemente, el desempeño de la policía de Torreón ha seguido sumando señalamientos graves, como la Recomendación 07/2025 tras la muerte de Rolando Medina en abril de ese año a manos de elementos policiacos, calificada como privación arbitraria de la vida, luego del desalojo ocurrido en la colonia Nuevo Mieleras y la Recomendación 12/2025 por violencia institucional ejercida el 8 de marzo del 2024 y aceptada por el Ayuntamiento en octubre pasado.
Cabe descartar que a decir de las cifras oficiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; en su informe de diciembre de 2025, Torreón es el municipio que lidera las quejas en todo el estado con el 25.3% del total estatal, y de las cuales, más del 32% son señalamientos directos contra la Policía Municipal.