La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres, informó que en conjunto con diversas autoridades estatales y el Instituto municipal de la mujer, inició la primera mesa de trabajo para la elaboración del Protocolo para la actuación de las corporaciones de seguridad pública municipal y estatal en contextos de protesta social.
Este proceso responde al cumplimiento de la recomendación 12/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, derivada de las graves violaciones cometidas contra mujeres manifestantes. A pesar de la relevancia del encuentro, y de haber sido invitada al encuentro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón decidió no asistir, evidenciando nuevamente su falta de voluntad y compromiso para corregir las deficiencias operativas que han caracterizado su gestión en el pasado.
La creación de este protocolo es una consecuencia directa de la represión vivida el 8 de marzo de 2024 en la Plaza Mayor de Torreón, donde al menos 32 mujeres e infancias sufrieron agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Aquel episodio marcó un punto de quiebre en la relación entre la ciudadanía y las autoridades locales, ya que la violencia ejercida en ese espacio público fue documentada como una violación sistemática a los derechos humanos.
Ante este historial, la asamblea busca que por primera vez exista un documento que regule estrictamente el comportamiento de los agentes y evite que la calle vuelva a ser escenario de abusos de poder.
Durante la sesión, las representantes legales de la Asamblea y las autoridades estatales que sí acudieron analizaron propuestas para delimitar el uso de la fuerza y asegurar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Se enfatizó la importancia de establecer mecanismos reales de rendición de cuentas, para evitar las simulaciones de protocolos que la Dirección de Seguridad Pública de Torreón ha intentado implementar en otras ocasiones sin éxito ni transparencia. La intención es que este nuevo marco normativo integre estándares internacionales que impidan que las fuerzas policiales actúen con la impunidad que mostraron en años anteriores.
Finalmente, se acordó dar celeridad a los trabajos para que el protocolo sea enviado al Congreso del Estado y aprobado antes de la movilización del próximo 8 de marzo de 2026.
Para las integrantes de la Asamblea, resulta indispensable que todas las corporaciones, incluidas las municipales que se ausentaron de esta reunión, estén plenamente capacitadas bajo este nuevo marco legal. El objetivo central sigue siendo garantizar que el derecho a la libre manifestación en Coahuila y Torreón se ejerza sin temor a represalias, asegurando que las instituciones de seguridad cumplan con su deber de proteger y no de agredir a quienes alzan la voz.