Torreón, Coahuila. El padre de una menor de 15 años, víctima de violación equiparada agravada, denunció presuntas irregularidades procesales que, a más de cuatro años del inicio del caso, mantienen a su hija sin acceso pleno a la justicia ni a la reparación integral del daño. Ricardo Salazar acusa a jueces de control de obstaculizar el proceso y beneficiar al imputado, cuyo brazalete electrónico presentó una falla reciente.
“Cada que nuestro caso llega aquí a primera instancia... en todo momento nos lo han ensuciado el proceso, siendo así en todo momento la defensa de la defensa”.
— Ricardo Salazar, padre de la víctima.
Una apelación revoca una primera decisión
El caso inició con la audiencia inicial ante la jueza de control Karla Bustos, quien desestimó parcialmente pruebas clave como un dictamen ginecológico, uno psicológico y la declaración de la menor mediante el Protocolo Michigan. Esta decisión no vinculó a proceso al imputado. Sin embargo, un recurso de apelación presentado por la representación legal de la víctima fue resuelto por un magistrado distrital, quien revocó la decisión, vinculó a proceso al imputado y ordenó su reaprehensión.
Amparos y una investigación complementaria bloqueada
Salazar explicó que, una vez en libertad, el imputado promovió recursos de amparo que, según señala, permanecen sin resolución definitiva, dilatando el proceso. Asimismo, denunció la omisión de abrir el periodo de investigación complementaria previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El 17 de mayo de 2023, el Ministerio Público y el asesor jurídico solicitaron fijar un plazo para dicha investigación, pero la petición fue negada, suspendiendo el procedimiento.
Alerta en brazalete electrónico y nueva audiencia cuestionada
El 26 de enero de 2024, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, se informó que el brazalete electrónico del imputado emitió una alerta de apagado del 5 al 14 de enero, periodo en el que no era localizable. Durante esa audiencia, el juez Samuel Borrego desahogó pruebas y argumentos que, según la denuncia, no fueron presentados por la defensa en el momento procesal oportuno.
“Vemos que el juez Samuel Borrego fue en todo momento parcial en favor de la defensa. Además, vemos que no está juzgando con perspectiva de género... así como no aplicar el interés superior de la menor”.
— Ricardo Salazar.
Salazar señaló que, previo a la audiencia, el juez Borrego reconoció no haber revisado la carpeta, pero al resolver dio por concluido el plazo para presentar acusaciones, acción que beneficia al imputado.
Riesgo de sobreseimiento y llamado a autoridades
Finalmente, Salazar informó que el juez acordó una audiencia con la intención de sobreseer la causa penal, lo que dejaría el proceso sin sentencia. Ante esto, hizo un llamado público al magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup para que intervenga y revise el actuar de los jueces. Recordó que el juez Borrego ha sido mencionado anteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato y en señalamientos por presuntos actos de corrupción.
El caso evidencia los retos en la procuración de justicia para menores víctimas de delitos sexuales y pone bajo escrutinio la aplicación de la perspectiva de género y el interés superior de la niñez en los tribunales de Coahuila.