El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó este martes un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Servicio de Administración Tributaria y la Guardia Nacional a emitir criterios técnicos uniformes que otorguen certeza jurídica en el traslado de combustibles destinados exclusivamente al autoconsumo operacional en obra.
El legislador subrayó que no se puede tratar como delincuentes a quienes generan empleo y cumplen con la ley, al referirse a la problemática que enfrenta el sector construcción ante la ambigüedad normativa actual, la cual ha derivado en aseguramientos de combustible y paralización de obras, aun cuando se trata de producto adquirido legalmente para uso en maquinaria propia.
La propuesta surge tras los señalamientos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que advirtió sobre afectaciones directas a sus agremiados por interpretaciones discrecionales en la aplicación de la norma.
La postura ha sido respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial, que solicitó reglas claras para distinguir entre el autoconsumo operacional, el transporte con fines de comercialización y las conductas vinculadas al mercado ilícito.
“El sector construcción no comercializa combustibles. Trasladan diésel o gasolina para operar maquinaria pesada en zonas donde no hay estaciones cercanas. Es una necesidad técnica, no un negocio ilícito”.
Advirtió que la incertidumbre jurídica no solo afecta a la construcción, sino también a sectores estratégicos como el minero, el ganadero y el agropecuario, que igualmente requieren trasladar combustible para operar en zonas alejadas.
En un contexto económico complejo, señaló que la Zona Metropolitana de La Laguna perdió 6 mil 405 empleos formales en diciembre de 2025, de los cuales mil 717 correspondieron al sector construcción.
“Cuando se paraliza una obra por una interpretación discrecional, no solo se detiene maquinaria: se detienen salarios, contratos y oportunidades para familias enteras”.
El Punto de Acuerdo plantea cuatro acciones concretas: emitir en un plazo máximo de 30 días criterios técnicos provisionales que delimiten claramente el traslado de combustibles para autoconsumo; establecer mecanismos de acreditación de procedencia legal mediante documentación fiscal y bitácoras; convocar en 15 días a una Mesa Técnica Nacional con participación de representantes empresariales; y privilegiar el principio de proporcionalidad para evitar la paralización total de obras cuando exista documentación que acredite la compra legal del combustible.
Torres Cofiño enfatizó que la iniciativa no busca debilitar el combate al mercado ilícito de combustibles, sino fortalecer el Estado de derecho mediante reglas claras.
“Combatir el huachicol es una obligación del Estado, pero no podemos permitir que, en ese esfuerzo, se afecte a empresas formales que generan empleo y desarrollo regional”.