En medio del debate nacional sobre la violencia vicaria, el Poder Judicial del Estado de Coahuila informó que recientemente el pleno del Tribunal Constitucional de Coahuila analizó un caso relacionado con esta modalidad de violencia, luego de que un juez de primera instancia en materia penal planteara una duda constitucional durante un proceso de vinculación a proceso.
Al respecto, Yezka Garza Ramírez, Magistrada del Poder Judicial, señaló que Coahuila ha sido uno de los estados que ha avanzado en la incorporación de mecanismos legales para la protección de mujeres, niñas y niños frente a este tipo de violencia. En la entidad, la violencia vicaria se encuentra contemplada desde 2023 en el Código Penal del Estado de Coahuila como una modalidad del delito de violencia familiar.
Esto significa que, a diferencia de otras entidades, no se trata de un delito autónomo, sino de una forma específica de violencia dentro del mismo tipo penal, similar a las modalidades psicológica, física o económica.
Posteriormente, explicó que se realizaron reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que el concepto comenzó a reconocerse de manera más amplia en el país.
Indicó que la violencia vicaria se reconoce cuando una persona ejerce violencia contra los hijos o hijas con el objetivo de causar daño a la madre, lo que permite que tanto las mujeres como los menores sean identificados como víctimas dentro de un proceso penal, siempre que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación con los elementos necesarios para judicializar el caso.
Además, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un pronunciamiento en el que establece lineamientos que reconocen la violencia vicaria como una forma de violencia ejercida contra las mujeres.
No obstante, precisó que el reconocimiento de esta modalidad no excluye que puedan investigarse otras conductas violentas dentro del delito de violencia familiar, independientemente de si la persona denunciada es hombre o mujer.
Apuntó que desde el Poder Judicial se ha observado que, en algunos casos, las denuncias por este tipo de violencia se presentan paralelamente a procesos familiares como divorcios, disputas por guarda y custodia o pensión alimenticia. Sin embargo, aclaró que los procedimientos familiares y penales son completamente distintos y se resuelven en instancias separadas.
Mientras los jueces familiares determinan asuntos como divorcio, alimentos o custodia de menores, corresponde al Ministerio Público integrar las investigaciones penales y, posteriormente, a los jueces penales definir si existen elementos suficientes para imputar responsabilidad a una persona.
Finalmente, reiteró que cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar denuncias ante la autoridad ministerial cuando considere que sus derechos han sido vulnerados, y será la instancia investigadora la encargada de determinar si los hechos denunciados se acreditan o no dentro del proceso legal.
Garza Ramírez acudió este jueves como invitada especial a la reunión ordinaria del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.