Ciudad de México.– A pesar de los avances legislativos en 24 estados y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el acceso real a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) enfrenta una barrera crítica en el sistema de salud pública. La asociación civil Telefem denunció que la falta de capacitación y la imposición de requisitos inexistentes mantienen la criminalización de facto en el país.
Según la organización, incluso con el lineamiento técnico emitido por la Secretaría de Salud en 2022 para garantizar abortos seguros, el personal médico continúa negando el servicio, obligando a las mujeres a recurrir al sector privado.
Barreras burocráticas y revictimización
Paula Rivera, gerente de Telefem, señaló que el desconocimiento de la ley por parte de los servidores públicos tiene consecuencias graves en la salud y seguridad de las pacientes.
Mariana, de 19 años, recibió una negativa en un hospital público bajo el argumento de no contar con una "autorización judicial", un requisito que no figura en la legislación actual.
" "Sentí que el sistema estaba diseñado para que desistiera", declaró la joven.
Una adolescente de 15 años, víctima de agresión sexual, fue sometida a múltiples interrogatorios y requisitos confusos. Su madre denunció una revictimización sistemática al ser obligada a repetir su historia en diversas instancias antes de recibir atención.
" "La falta de información y la resistencia de los servidores públicos generan incertidumbre y retrasos que ponen en riesgo la vida de las mujeres", enfatizó Rivera.
Emergencias negadas: El caso de la Ciudad de México
Incluso en la capital del país, pionera en la materia, se registran irregularidades. El reporte destaca el caso de Sandy (24 años), quien sufrió una emergencia médica por sangrado abundante.
A pesar de llegar en ambulancia a un hospital público, el personal se negó a intervenir bajo el argumento de que "ahí no estaba permitido el aborto". La paciente perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica privada por sus propios medios.
Marco Legal vs. Realidad Operativa
Estado de la ILESituación ActualEstatus JurídicoInconstitucional penalizar el aborto voluntario (SCJN, 2021).Avance Legislativo24 estados han modificado sus códigos penales locales.Obstáculo PrincipalObjeción de conciencia mal aplicada y exigencia de requisitos judiciales inexistentes.
Expertos coinciden en que, mientras no exista una homologación efectiva en los protocolos hospitalarios y sanciones para quienes obstruyan este derecho de salud, la despenalización de papel no se traducirá en justicia reproductiva para las mexicanas.