Monterrey.- El Fiscal General, Javier Flores, informó que la indagatoria por la agresión contra un guardia de seguridad privada en una caseta de acceso a un fraccionamiento en el sector de Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina se encuentra en una etapa inicial, en la que se recaban pruebas médicas, psicológicas y demás diligencias para determinar la situación jurídica del señalado. Explicó que también se revisa si existe algún acercamiento entre las partes que permita una salida alterna al proceso.
El caso cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa al presunto agresor golpeando al trabajador.
De acuerdo con la información disponible, la agresión ocurrió el pasado 2 de marzo alrededor de las 13:50 horas, cuando el guardia tomó una fotografía a un vehículo que ingresaba al fraccionamiento, lo que provocó la molestia del conductor.
En las imágenes captadas por cámaras de vigilancia se observa cómo el hombre se aproxima para reclamarle, le arrebata una tableta electrónica y comienza a insultarlo, cuestionando la acción del trabajador.
Durante el intercambio, el guardia advierte que los hechos están siendo grabados, sin embargo, el agresor responde de manera desafiante y minimiza la situación. Segundos después, lanza varios golpes directos al rostro del vigilante, quien permanece en su puesto mientras otra persona intenta intervenir para detener la agresión.
El video comenzó a circular recientemente en redes sociales, generando reacciones de usuarios que condenaron los hechos. A partir de ello, la autoridad confirmó que ya existe una denuncia por parte de la víctima, lo que permite el avance formal de la investigación.
En cuanto a versiones que señalan que el presunto agresor sería boxeador profesional, el Fiscal indicó que esta información no ha sido confirmada y forma parte de las líneas de investigación en curso.
Flores precisó que, en caso de acreditarse el delito, las sanciones dependerán de la gravedad de las lesiones causadas, con penas que podrían ir de seis meses a tres años de prisión. Añadió que este tipo de conductas permite la aplicación de mecanismos alternativos de solución, siempre que exista voluntad de ambas partes.
Con información de ABC