Integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua denunciaron un operativo de gran magnitud realizado el pasado miércoles 18 de marzo en el campamento Norte, donde, aseguran, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno detuvieron y desaparecieron a decenas de personas sin mediar debido proceso.
De acuerdo con la denuncia, en el despliegue participaron corporaciones municipales de Gómez Palacio, la Policía Estatal Preventiva, la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la Policía Metropolitana de Durango, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se reportó la presencia de unidades de la Fiscalía General del Estado de Durango y vehículos sin identificación oficial.
Las fuerzas de seguridad habrían establecido un cerco en los poblados de Albisina, Dinamita y El Siete, dejándolos incomunicados. Según el reporte, alrededor de 40 personas fueron detenidas o desaparecidas; hasta el momento, únicamente se ha confirmado la localización de ocho de ellas.
Los hechos ocurren en el contexto de la resistencia que, desde 2017, mantienen habitantes de más de 20 ejidos contra la instalación de un megaproyecto químico-industrial de cianuro de sodio en la región, conflicto que recientemente se ha intensificado debido a protestas relacionadas con temas laborales.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería condenó el operativo, calificándolo como un acto de violencia institucional, y exigió la presentación con vida de las personas desaparecidas, así como el retiro de cualquier cargo judicial en su contra. Entre las personas afectadas se encuentran hombres y mujeres, incluyendo adultos mayores.
Asimismo, la organización hizo un llamado a autoridades federales, estatales y municipales para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos humanos. En particular, solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender los casos de presuntas desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
De igual forma, pidieron al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) iniciar una investigación que permita deslindar responsabilidades de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad involucrados.
Organizaciones defensoras señalaron que la labor de protección ambiental en México representa un alto riesgo, al registrarse en distintos estados del país agresiones, atentados e incluso homicidios contra activistas. En ese sentido, exigieron el cumplimiento de protocolos nacionales e internacionales en materia de protección a defensores del medio ambiente.
Finalmente, reiteraron el llamado a frenar la violencia contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales, advirtiendo sobre el aumento de estos casos en diversas regiones del país.