Personas afectadas por el denominado “Cártel Inmobiliario” realizaron una nueva manifestación en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad, donde además bloquearon la circulación en la calzada Colón.
Durante la protesta, los inconformes portaron pancartas y lanzaron consignas para exigir avances en las investigaciones, así como la detención de todos los presuntos responsables del fraude y la recuperación de su patrimonio.
Los manifestantes señalaron que varias familias perdieron sus ahorros tras haber invertido en la compra de terrenos y viviendas que nunca les fueron entregados, situación que, aseguran, ha generado afectaciones económicas y emocionales.
De acuerdo con los afectados, actualmente existen más de 80 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, además de 11 órdenes de aprehensión, aunque solo dos personas han sido detenidas hasta el momento.
Indicaron que el monto del fraude supera los 40 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los casos más relevantes en la región en materia inmobiliaria.
Entre los principales señalados se encuentra Fernando Nicolás “N”, ex titular de la Notaría Pública Número 45 en Torreón, quien presuntamente se encuentra en España y cuenta con ficha de búsqueda de la Interpol. Autoridades mexicanas han iniciado el proceso para su extradición, aunque este aún se encuentra en una etapa inicial.
Otro de los implicados es Víctor “N”, quien aparecía como propietario de los terrenos ofertados y firmaba la documentación correspondiente durante las operaciones de compra.
Según los testimonios, el esquema consistía en la promoción de propiedades a través de Marketplace de Facebook.
Posteriormente, los interesados eran citados en la notaría, donde se realizaban los trámites con documentación aparentemente oficial del Registro Público, Catastro y Predial. Sin embargo, tras concretar los pagos, los compradores no recibían los bienes adquiridos.
Los afectados reiteraron su llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones y garantizar la devolución de los recursos, al considerar que el avance ha sido insuficiente frente al número de denuncias presentadas.