Alcaldes de la Región Laguna plantearon establecer un período de gracia de hasta tres años antes de que los municipios comiencen a asumir los costos de operación del programa Agua Saludable, al considerar que actualmente no existen las condiciones técnicas ni financieras para su funcionamiento total.
La propuesta, que se encuentra en fase de análisis, surge tras reuniones recientes entre autoridades municipales y estatales, donde se expuso la necesidad de garantizar primero que toda la infraestructura opere al 100 por ciento antes de transferir responsabilidades a los municipios.
De acuerdo con Lauro Villarreal Cortés, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, este período permitiría que el Gobierno Federal continúe absorbiendo los costos relacionados con energía eléctrica, operación de plantas potabilizadoras y personal, mientras se concluyen las obras pendientes y se estabiliza el sistema.
Uno de los principales argumentos es que los municipios no cuentan con redes internas adecuadas para distribuir el agua a toda la población.
Aunque el líquido podría llegar a puntos cercanos, la falta de infraestructura impediría abastecer al 100 por ciento de los habitantes.
Además, se advirtió que muchos sistemas municipales presentan deficiencias importantes, como ausencia de micromedición, falta de personal capacitado y una baja cultura de pago, lo que complicaría implementar de inmediato un esquema de cobro.
Otro de los puntos señalados es que el proyecto aún no opera de manera completa; y esque actualmente, solo una parte de las conexiones está en funcionamiento y con suministro irregular, mientras que en varios municipios el agua aún no llega.
Ante este panorama, los alcaldes propusieron que durante este año se desarrollen los proyectos ejecutivos por municipio para definir las inversiones necesarias en infraestructura, y que sea hasta finales de año cuando se tenga un diagnóstico más claro.
Asimismo, se señaló que el monto de inversión requerido sería considerable, ya que solo en algunos casos se estiman cifras superiores a los 500 millones de pesos para adecuar redes, mientras que a nivel regional podría superar los mil millones.
Finalmente, se indicó que la propuesta del período de gracia será presentada formalmente en próximas reuniones con autoridades federales, con el objetivo de establecer un esquema gradual que permita a los municipios prepararse antes de asumir la operación total del sistema.