Integrantes de la colectiva “Justicieras por Nuestras Infancias” denunciaron públicamente presuntas irregularidades en el seguimiento de un caso de abuso sexual infantil ocurrido en un colegio particular ubicado en el sector de Las Etnias de Torreón, donde actualmente existe una persona vinculada a proceso.
Nayelly Salazar, vocera de la colectiva, informó que el caso comenzó a investigarse desde marzo de 2025, luego de que una madre de familia detectara signos de violencia en su hija y presentara la denuncia correspondiente ante las autoridades.
La activista explicó que, debido a la naturaleza del delito y para proteger a las víctimas, se reservó la identidad de las madres, menores e institución educativa involucrada.
Denunció que la persona señalada como presunto responsable ya fue vinculada a proceso; sin embargo, recientemente le fue modificada la medida cautelar, situación que generó inconformidad y preocupación entre familiares y colectivos que acompañan el caso.
Indicó que la madre afectada realizó además una denuncia pública en redes sociales buscando que otras posibles víctimas se acercaran a denunciar hechos similares.
De acuerdo con la colectiva, durante el acompañamiento surgió un segundo caso relacionado con la misma institución educativa y ocurrido en el mismo periodo escolar 2024-2025.
La vocera aseguró que en el segundo caso, inicialmente la madre no fue escuchada y, según afirmó, se minimizó la situación atribuyendo el comportamiento de la menor a otros factores.
“Nos alarma que en esta institución se estén perpetrando este tipo de actos hacia niñas y niños de nivel preescolar, que son una población altamente vulnerable”.
Asimismo, indicó que como organización civil exigen que las investigaciones se desarrollen conforme a derecho y se sancione a quien resulte responsable.
La colectiva también hizo un llamado a madres y padres de familia para prestar atención a cambios de conducta o señales de alerta en menores, especialmente en edades tempranas.
Finalmente, anunció que continuarán brindando acompañamiento legal y social a las familias involucradas, además de mantenerse vigilantes del avance de ambos procesos judiciales.
Por su parte, una de las madres cuya hija fue víctima del presunto delito, aseguró que su hija identificó plenamente al presunto agresor Gerardo “N”, y afirmó que existen estudios y diligencias realizadas por la Fiscalía que respaldan la probable participación del acusado en los hechos denunciados.
Explicó que desde el inicio del proceso ha atendido todos los requerimientos solicitados por las autoridades ministeriales, incluyendo estudios especializados practicados a la menor y diligencias realizadas por personal proveniente de Saltillo.
“Yo solamente pido justicia. Mi niña me señaló bien quién era el agresor. Mi niña no miente”.
Asimismo, lamentó que, a su consideración, el colegio haya mostrado respaldo hacia el acusado durante el desarrollo del proceso.