A través de la plataforma Change.org, ciudadanos y organizaciones civiles de la Comarca Lagunera impulsan una petición dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar que no se modifique la Sentencia 543 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con la protección y recuperación del acuífero de la región.
La solicitud surge en medio de la preocupación de colectivos ambientales y sociales que advierten sobre posibles intentos de limitar los alcances de la resolución judicial, la cual ordena a las autoridades federales implementar acciones urgentes para atender la sobreexplotación del acuífero que abastece a La Laguna.
Organizaciones como Encuentro Ciudadano Lagunero, Pro Defensa del Nazas y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C. han señalado que un oficio atribuido al Gobierno Federal podría plantear criterios que, a su juicio, reducirían el cumplimiento efectivo de la sentencia, lo que impactaría las medidas orientadas a la sustentabilidad del recurso hídrico.
De acuerdo con los colectivos, la resolución de la Suprema Corte establece obligaciones para garantizar el equilibrio del acuífero y considerar el impacto de las concesiones y extracciones en su deterioro, por lo que cualquier modificación podría debilitar el objetivo central del fallo.
En este contexto, los promoventes de la petición en Change.org señalan que la Sentencia 543 representa una herramienta clave para la defensa del derecho humano al agua y la recuperación de una reserva que ha sido explotada por encima de su capacidad de recarga durante décadas.
Asimismo, advirtieron que un eventual ajuste o limitación en los efectos de la resolución enviaría una señal preocupante frente a la crisis hídrica en la Comarca Lagunera, donde el acuífero es fundamental para el consumo humano, la actividad agrícola y el desarrollo económico.
Los defensores del acuífero reiteraron el llamado a que el cumplimiento de la sentencia se mantenga sin restricciones y que las autoridades federales respeten los alcances determinados por los tribunales, privilegiando la protección del recurso por encima de intereses particulares.
Finalmente, las organizaciones sostienen que el debate no solo es jurídico, sino que define el futuro del agua en la región, donde millones de personas dependen directamente de este recurso para su vida diaria.