El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de eliminar el fuero en casos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando estén involucrados gobernadores.
La propuesta busca combatir la impunidad y fortalecer los mecanismos de actuación del Estado frente a presuntos vínculos entre funcionarios de alto nivel y el crimen organizado. Entre sus principales planteamientos destaca la activación automática e inmediata de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República cuando existan indicios fundados o imputaciones formales contra un mandatario estatal, así como la eliminación de la declaración de procedencia en delitos considerados graves.
Asimismo, la iniciativa contempla la separación cautelar del cargo de los gobernadores una vez que sean vinculados a proceso por este tipo de delitos, con el propósito de evitar que el ejercicio del poder interfiera en las investigaciones.
Al presentar la propuesta, Marcelo Torres aseguró que México enfrenta una situación crítica debido al avance del crimen organizado sobre las instituciones públicas.
“México enfrenta una crisis inédita donde las instituciones locales corren el riesgo de convertirse en trincheras de las mafias. El fuero constitucional se diseñó para proteger la función pública, jamás para operar como un escudo de impunidad absoluta frente a delitos que ensangrientan a nuestra sociedad”.
El legislador señaló que el mecanismo propuesto pretende garantizar que la justicia actúe de manera inmediata, sin depender de decisiones políticas o de la autorización de los congresos locales.
“Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos. No se trata de prejuzgar, se trata de blindar al Estado mexicano y proteger la seguridad de la gente”.
Torres Cofiño también sostuvo que la reforma respeta los principios de presunción de inocencia y debido proceso establecidos en los estándares internacionales, al tiempo que establece un plazo de 180 días naturales para que el Congreso de la Unión y las entidades federativas armonicen su legislación secundaria una vez que el decreto entre en vigor.
Con esta iniciativa, el legislador panista busca fortalecer el marco constitucional para impedir que el fuero sea utilizado como un mecanismo de protección frente a investigaciones por delitos vinculados con el crimen organizado y reforzar la rendición de cuentas de los titulares de los poderes ejecutivos estatales.