En una audiencia inicial que inició a las 19:30 horas y concluyó aproximadamente a las 22:33 horas, la jueza de control Elisa Salinas López dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Liliana "N", imputada por el caso de Rocky, el perro que fue arrastrado por una camioneta en un fraccionamiento al norte de Saltillo.
Durante la audiencia, la juzgadora determinó que existían elementos suficientes para considerar un riesgo de obstaculización de la investigación, al señalar que, presuntamente, la imputada intentó eliminar evidencia al limpiar la escena donde el perro habría dejado rastros de sangre debido a las lesiones provocadas por el arrastre.
Otro de los argumentos que sustentó la medida fue que la camioneta presuntamente utilizada en los hechos fue localizada posteriormente en otro municipio cercano a Saltillo, lo que, a consideración de la autoridad judicial, evidenciaría un intento por desaparecer pruebas relacionadas con el caso.
La defensa de Liliana "N" solicitó que, en lugar de ser internada en un centro penitenciario, fuera enviada a un hospital psiquiátrico estatal, al argumentar que padece diversos trastornos mentales.
Para sustentar la petición, los abogados invocaron el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que la prisión preventiva puede cumplirse en el domicilio o en un centro médico cuando la persona imputada sea mayor de 70 años, padezca una enfermedad grave o terminal, o se trate de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, siempre que el juez lo considere procedente y no exista riesgo de sustracción de la justicia o peligro social.
Sin embargo, la jueza Elisa Salinas López desestimó dicho argumento, al considerar que la situación de la imputada no se encontraba dentro de los supuestos previstos por ese artículo, por lo que determinó que la medida cautelar debía cumplirse en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo.
Como parte de los testimonios compareció el psiquiatra Christian Arellano, quien aseguró que la imputada presenta desequilibrios de la personalidad y que se encuentra bajo tratamiento con medicamentos psiquiátricos.
También declaró su esposo, Jorge Aburto, quien afirmó haber vivido con ella durante aproximadamente 16 años en Saltillo, con el propósito de acreditar su arraigo y desvirtuar un posible riesgo de fuga.
Por su parte, el Ministerio Público expuso que Liliana "N" contaba con una identificación oficial expedida en 2017 con domicilio en la Ciudad de México y que nunca fue actualizada, argumento que utilizó inicialmente para sostener la posibilidad de que abandonara la ciudad.
No obstante, la jueza precisó que el principal motivo para imponer la prisión preventiva no fue el riesgo de fuga, sino la presunta alteración y eliminación de evidencia tras los hechos investigados.
Pese a ello, ordenó que durante el tiempo que permanezca en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo reciba seguimiento y atención psiquiátrica, además de que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar su estado de salud mental.
En la misma audiencia, el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, al señalar que aún faltan entrevistas con testigos, dictámenes periciales y otras diligencias.
Sin embargo, la jueza consideró que ese periodo era excesivo y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Con información de Paola Casas.