El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objetivo de sancionar el nepotismo indirecto y combatir la influencia de familiares o personas cercanas a servidores públicos en la toma de decisiones gubernamentales, aun cuando no ocupen un cargo oficial.
El legislador señaló que la propuesta busca cerrar un vacío legal que, aseguró, permite que familiares, parejas o personas vinculadas con funcionarios públicos influyan en nombramientos, contratos, decisiones administrativas y beneficios desde fuera de la estructura gubernamental, sin enfrentar consecuencias legales.
“El verdadero poder ya no siempre despacha desde una oficina pública. Muchas veces despacha desde la sala de una casa, desde una mesa familiar o desde la oficina del hermano, del hijo, de la esposa o del amigo. Eso también es corrupción, y eso también debe castigarse”, expresó.
La iniciativa incorpora por primera vez en la legislación mexicana conceptos como “captura familiar del Estado”, “nepotismo indirecto”, “gestión indebida” y “persona vinculada”, además de establecer sanciones que incluyen destitución del cargo, inhabilitación de hasta 20 años, multas económicas y la revisión o nulidad de actos administrativos que hayan sido influenciados por intereses familiares.
Torres Cofiño afirmó que el nepotismo dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica recurrente en la administración pública.
“Hoy el poder ya no solamente se hereda; también se administra en familia. Mientras unos firman, otros deciden. Mientras unos aparecen en el organigrama, otros operan desde las sombras. Esa simulación debe terminar”, sostuvo.
Como parte de la exposición de motivos, la propuesta hace referencia a diversos casos que han sido objeto del debate público nacional, entre ellos las relaciones políticas en Guerrero con Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio; la influencia atribuida a la familia Alcalde-Luján; los señalamientos relacionados con Alfonso Durazo y la familia Taddei, así como casos vinculados con familiares de Adán Augusto López, Lenia Batres, Andrés Manuel López Beltrán y Américo Villarreal Santiago.
El documento precisa que estos casos son citados únicamente como ejemplos del debate público sobre nepotismo e influyentismo, sin prejuzgar responsabilidades individuales, las cuales corresponden determinar a las autoridades competentes.
El diputado panista criticó que Morena, dijo, prometió terminar con los privilegios, pero terminó replicando prácticas que anteriormente cuestionaba.
“La famosa transformación terminó convirtiéndose en una transferencia del poder… pero entre familias. Cambiaron los apellidos, no las mañas. El discurso habla de austeridad; la realidad habla de influyentismo, redes familiares y concentración del poder”, declaró.
La iniciativa también plantea crear un registro de audiencias, transparentar las gestiones realizadas por personas vinculadas con servidores públicos y establecer la obligación de reportar cualquier intento de presión o intermediación indebida.
Finalmente, Marcelo Torres aseguró que el combate a la corrupción debe fortalecerse mediante reformas legales que impidan la concentración del poder en grupos familiares.
“No basta con decir que no son iguales. Hay que demostrarlo con leyes que impidan que el gobierno se convierta en patrimonio de unas cuantas familias. En México debe gobernar el mérito, no el parentesco”, concluyó.