La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal total un predio ubicado en el ejido Finisterre, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, y aseguró precautoriamente 17 ejemplares de fauna silvestre y exótica al detectar diversas irregularidades en su operación como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS).
La intervención de la autoridad federal se realizó tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta exhibición ilegal de animales salvajes en condiciones de deterioro físico y sufrimiento, además de la falta de documentación que acreditara su legal procedencia.
Durante la inspección, personal de la Profepa constató que el establecimiento no contaba con el registro o autorización vigente emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para operar como PIMVS. Asimismo, carecía de un plan de manejo autorizado, no presentó evidencia de su cumplimiento ni acreditó contar con un responsable técnico registrado ante dicha dependencia.
Ante estas irregularidades, la dependencia federal ordenó la clausura temporal total de las actividades del predio.
También fueron clausuradas las jaulas destinadas a aves, una jaula ubicada al interior del inmueble y el área de corrales.
La Profepa informó que las jaulas para aves estaban construidas con malla metálica y, aunque disponían de bebederos, áreas de alimentación y protección con malla sombra, las condiciones de manejo podían generar tensión, sufrimiento, traumatismos o dolor a los ejemplares al mantenerse fuera de su hábitat natural.
Como medida precautoria fueron asegurados 17 animales: diez tordos cabeza amarilla, un dromedario, dos llamas, una avestruz y tres iguanas.
La dependencia precisó que la mayoría de los ejemplares permanecen bajo resguardo en el mismo predio inspeccionado, mientras que las tres iguanas quedaron bajo aseguramiento precautorio de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como resultado de la inspección, la Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente y dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos relacionados con la posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.
La autoridad ambiental informó que el propietario del predio fue notificado de la clausura temporal total el pasado 29 de mayo y contaba con un plazo de 15 días para responder al procedimiento, el cual concluyó el 19 de junio sin que se recibiera contestación por parte del inspeccionado.