El diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño advirtió que México carece de un registro nacional que permita conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de orfandad, dónde viven y qué tipo de protección reciben, por lo que presentó una iniciativa para establecer mecanismos específicos de identificación, atención y seguimiento de estos menores.
La propuesta fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el Estado cuente con información precisa sobre quienes han perdido a alguno o ambos padres como consecuencia de homicidios, feminicidios, desapariciones, abandono y otras circunstancias.
“Estamos hablando de una tragedia invisible. Hay niñas y niños que perdieron a su madre, a su padre o a ambos y después, en demasiados casos, el Estado también los perdió de vista. No sabemos con precisión cuántos son, cuáles son sus condiciones ni quién está respondiendo por ellos”.
El legislador advirtió que actualmente no existe información oficial integral y homologada sobre este sector de la población. La exposición de motivos de la iniciativa recoge estimaciones de organizaciones que calculan que alrededor de 13 mil menores quedaron huérfanos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, mientras que colectivos han estimado en 131 mil los casos de orfandad relacionados con el fenómeno de la desaparición.
A este escenario se suma que entre 2019 y 2024 desaparecieron más de 8 mil menores de edad, según los datos incluidos en la propuesta. Para Torres Cofiño, la ausencia de estadísticas oficiales impide dimensionar el problema y dificulta tanto el diseño de políticas públicas como la asignación de recursos para atenderlo.
“Tenemos estimaciones de organizaciones y colectivos, pero el Estado no puede seguir trabajando a ciegas. Para proteger a un niño primero tenemos que saber que existe, dónde está y qué necesita. Lo que no se registra termina siendo invisible para las instituciones”.
El diputado alertó además que la orfandad puede incrementar la exposición de los menores a condiciones de pobreza, abandono escolar, violencia, explotación laboral o sexual, trata de personas, trabajo infantil y afectaciones a su salud mental. Uno de los riesgos que consideró más graves es su posible captación por organizaciones criminales.
“Un niño que queda solo y sin protección institucional puede convertirse en presa fácil de explotadores, tratantes o del crimen organizado. El Estado tiene que llegar antes que los criminales”.
La reforma propone incorporar a la legislación el concepto de “situación de orfandad” y establecer obligaciones para el Sistema Nacional DIF, los sistemas estatales y las Procuradurías de Protección, a fin de brindar medidas especiales de atención y garantizar los cuidados necesarios para el desarrollo integral de los menores.
También plantea crear un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad que permita identificarlos, incorporarlos a mecanismos de protección y mantener seguimiento de cada caso. La información serviría además para generar políticas públicas específicas y reducir las omisiones institucionales.
Entre las medidas de atención contempladas se encuentran el apoyo psicológico, acceso prioritario a servicios de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica, incorporación a programas sociales y protección frente a situaciones de violencia, explotación o reclutamiento criminal.
Torres Cofiño explicó que la propuesta no contempla crear una nueva estructura burocrática, sino fortalecer los sistemas de información existentes. El registro tendría que operar bajo criterios de confidencialidad, protección de datos personales e interés superior de la niñez.
De aprobarse la reforma, el Sistema Nacional DIF, los sistemas estatales y municipales y las Procuradurías de Protección dispondrían de un plazo de 180 días hábiles para integrar el registro actualizado.
“Perder a sus padres no puede significar perder también al Estado. Ninguna niña y ningún niño en situación de orfandad debe permanecer invisible para México”.