Washington, D.C.– En el marco de la reciente escalada en la guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una herramienta jurídica en desuso: la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, conocida como Ley Smoot-Hawley, un mecanismo de la época de la Gran Depresión que faculta al Ejecutivo a imponer gravámenes unilaterales a países acusados de discriminar el comercio estadounidense.
La invocación de esta norma permitió aplicar un impuesto del 50 por ciento a importaciones canadienses valoradas en 20 mil millones de dólares, lo que generó represalias inmediatas por parte de Ottawa y encendió el debate entre juristas sobre la legalidad del procedimiento.
Vacío legal y controversia constitucional
Analistas y abogados especializados en comercio internacional advierten que el uso de la Sección 338 sitúa a la administración en un terreno jurídico inédito, al ser una facultad que no se había ejercido ni litigado en los tribunales desde su promulgación.
- Posible obsolescencia: Expertos como Sara Albrecht, del Liberty Justice Center, y los académicos Peter Harrell y Jennifer Hillman (Universidad de Georgetown), sostienen que la norma fue superada por marcos legales posteriores, como las leyes comerciales de 1962 y 1974, que acotaron el poder presidencial a causales específicas de seguridad nacional o balanza de pagos.
- Falta de proporcionalidad: Críticos señalan que la orden no fundamentó una cuantificación en dólares del daño presuntamente sufrido por los productores estadounidenses, afectando de forma indiscriminada a sectores sin relación con la disputa, como el cemento o artículos deportivos.
- Contradicción diplomática: Se cuestiona la acusación de discriminación en el sector lácteo, dado que los esquemas de cuotas de Canadá fueron ratificados formalmente por Estados Unidos en la negociación del T-MEC durante el primer mandato de Trump.
Antecedentes y panorama judicial
Aunque analistas como John Veroneau, ex asesor del Representante Comercial de EU (USTR), señalan que los aranceles de respuesta aplicados por Canadá podrían dar sustento técnico al argumento de trato discriminatorio, las recientes estrategias tarifarias de la Casa Blanca han enfrentado reveses judiciales previos por el uso de facultades extraordinarias de seguridad nacional.
Pese al descontento del sector empresarial por la afectación al 5 por ciento de las importaciones provenientes de Canadá, aún no se registran demandas formales contra esta medida, mientras analistas y mercados observan la posibilidad de que ambos países retomen las negociaciones bilaterales.