Saltillo, Coah.- Mientras 22 escuelas de Coahuila comenzaron el ciclo escolar 2026-2027 sin recibir a sus alumnos en las aulas por obras inconclusas o robos, el programa federal La Escuela es Nuestra arrastra en la entidad un historial de trabajos deficientes, proyectos que quedaron a medias y denuncias por presunto uso irregular de recursos.
El problema adquiere una dimensión mayor porque los recursos de La Escuela es Nuestra son de origen federal y el programa cuenta con mecanismos específicos de seguimiento, supervisión y fiscalización. Sin embargo, auditorías federales y casos documentados en Coahuila muestran que las irregularidades no han desaparecido.
La situación volvió a quedar expuesta este miércoles, cuando la Secretaría de Educación de Coahuila informó que 22 planteles de educación básica trabajan a distancia debido a obras de infraestructura que no concluyeron o por robos registrados en las escuelas.
De acuerdo con la autoridad educativa, la mayoría de los planteles afectados son primarias, aunque también existen escuelas de preescolar y secundaria que iniciaron el ciclo bajo esta modalidad.
Aunque no se ha establecido públicamente que las 22 escuelas formen parte de La Escuela es Nuestra, el caso ocurre mientras las autoridades mantienen abierta la revisión de cientos de obras realizadas mediante este programa federal.
Un problema que lleva años
En Coahuila, los señalamientos contra La Escuela es Nuestra no comenzaron este año.
Durante 2024 y 2025 se acumularon reportes de escuelas donde los recursos destinados a infraestructura no terminaron en las obras previstas o donde los trabajos ejecutados presentaron deficiencias.
En septiembre de 2025, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Asociación Estatal de Padres de Familia informaron que daban seguimiento a 10 denuncias de planteles de educación básica cuyos recursos de LEEN no fueron aplicados para las mejoras previstas.
Los montos entregados a los comités escolares involucrados iban de 200 mil a 600 mil pesos.
Los casos incluían proyectos que no se realizaron pese a que las escuelas mantenían necesidades de infraestructura, mobiliario, áreas deportivas, espacios administrativos y cableado eléctrico.
280 mil pesos que no llegaron a la obra
Uno de los casos más claros ocurrió en la primaria José María Morelos, donde se reportó que el plantel recibió 600 mil pesos del programa federal.
De acuerdo con la información publicada en febrero de 2025, se habían utilizado 320 mil pesos, mientras que 280 mil pesos permanecían en poder de la tesorera del comité escolar, quien posteriormente dejó de ser localizada.
La Secretaría del Bienestar anunció que el caso sería denunciado ante la Fiscalía General de la República por tratarse de recursos federales.
Sin embargo, al día siguiente, la propia representación regional de Bienestar sostuvo que su participación se limitaba a facilitar la entrega de los recursos y que la responsabilidad de su aplicación correspondía al comité de padres de familia.
Esta postura deja una de las preguntas centrales de la investigación:
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la Federación cuando entrega recursos públicos directamente a los comités escolares?
El programa establece un esquema en el que los padres participan en la administración del dinero, pero los recursos conservan su carácter de fondos públicos federales y existen mecanismos de supervisión y fiscalización.
No sólo desapareció dinero: también fallaron las obras
El problema en Coahuila tampoco se limita a los recursos presuntamente sustraídos.
Durante el ciclo escolar 2024-2025, la Secretaría de Educación estatal informó que tuvo que destinar más de 18 millones de pesos para reparar daños relacionados con obras realizadas mediante La Escuela es Nuestra.
Entre los problemas reportados estuvieron techumbres y bardas que se derrumbaron, instalaciones eléctricas deficientes, baños inconclusos y equipos de aire acondicionado instalados sin contar con la infraestructura eléctrica necesaria.
El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que algunas construcciones se realizaron sin la asesoría técnica necesaria y que incluso hubo estructuras que tuvieron que ser demolidas por representar un riesgo para los estudiantes.
Así, un programa financiado con recursos federales terminó generando también un costo para las arcas estatales.
63 escuelas bajo la lupa
En noviembre de 2025, una inspección realizada en la Región Laguna encontró 63 escuelas con irregularidades en obras y/o techumbres estructurales construidas con recursos de La Escuela es Nuestra.
La revisión abarcó un padrón aproximado de 450 planteles de la región.
Entre las anomalías se señalaron principalmente problemas en techumbres y bardas, así como deficiencias derivadas de una mala ejecución y de la falta de coordinación con las autoridades educativas y las áreas encargadas de infraestructura.
La magnitud del problema llevó a que las autoridades revisaran las condiciones de las obras antes de permitir que algunas estructuras continuaran utilizándose.
La ASF también encontró deficiencias
Los problemas documentados en Coahuila adquieren otra dimensión al compararlos con las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al programa.
En su auditoría correspondiente al ejercicio 2024, la ASF determinó que la SEP no conformó el Comité Técnico de La Escuela es Nuestra, órgano cuyas funciones incluían contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del programa y analizar asuntos relacionados con su funcionamiento operativo.
La ASF emitió una recomendación a la SEP para que, en ejercicios posteriores, se constituyeran e instalaran los comités establecidos por la normativa.
La revisión federal también documentó que durante 2024 se dispersaron 22 mil 905.9 millones de pesos a 69 mil 561 Comités Escolares de Administración Participativa.
Además, durante la auditoría se detectaron 40.1 millones de pesos que permanecían en cuentas bancarias sin ser retirados, recursos que finalmente fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en abril de 2025 como consecuencia de la intervención de la ASF.
La auditoría no concluyó que el programa completo fuera irregular, pero sí dejó constancia de deficiencias administrativas y emitió recomendaciones para mejorar su operación.
Y las revisiones no han terminado
El problema tampoco quedó en 2025.
En febrero de 2026, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa informó que mantenía 24 obras de La Escuela es Nuestra suspendidas preventivamente por fallas técnicas.
La revisión realizada en la Región Sureste incluyó 127 planteles de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe.
Entre las deficiencias detectadas estaban la ausencia de estudios de mecánica de suelo, memorias de cálculo estructural, planos ejecutivos y directores responsables de obra, además de casos sin garantías por vicios ocultos.
Para agosto de 2026, la revisión se había extendido a más de 290 obras en distintos municipios de Coahuila, de acuerdo con información de la delegación del Bienestar.
Las autoridades estatales y federales mantienen mesas de trabajo para revisar los lineamientos del programa, las reglas de operación y las escuelas beneficiarias.
Pero el dato que vuelve especialmente relevante el tema es que durante 2026 se ejercerán más de 400 millones de pesos en Coahuila mediante La Escuela es Nuestra.
¿Quién supervisa el dinero?
Aquí se encuentra el principal cuestionamiento.
El modelo de La Escuela es Nuestra busca que los padres de familia tengan participación directa en la decisión y aplicación de los recursos. Esto significa que el dinero no se administra directamente por la Secretaría de Educación de Coahuila.
Pero eso no elimina los mecanismos federales de control.
La operación del programa corresponde a instancias federales y sus recursos están sujetos a revisión y fiscalización. La propia ASF ha auditado el programa y ha formulado recomendaciones a la SEP para mejorar su funcionamiento.
El caso de Coahuila plantea entonces una pregunta distinta:
Si los padres administran el dinero, ¿quién verifica que la obra sea segura, que el recurso se utilice para lo autorizado y que el proyecto realmente quede terminado?
Porque los casos documentados muestran tres escenarios distintos:
1. El dinero presuntamente no llega a la obra.
Hay denuncias por faltantes de hasta cientos de miles de pesos.
2. El dinero sí se utiliza, pero la obra queda inconclusa o presenta deficiencias.
Hay escuelas con instalaciones eléctricas deficientes, baños inconclusos, techumbres y bardas con problemas estructurales.
3. La obra representa un riesgo y debe ser reparada o suspendida.
En estos casos, Coahuila ha tenido que destinar recursos propios para atender daños, mientras continúan las revisiones.
Un programa federal que sigue creciendo
Pese a los casos documentados, La Escuela es Nuestra continúa operando y canalizando recursos a planteles educativos.
En 2024, la SEP ejerció más de 23 mil millones de pesos en el programa, después de una reducción presupuestaria respecto al monto originalmente aprobado. La ASF documentó que los recursos fueron dispersados a decenas de miles de comités escolares.
En Coahuila, para 2026 se contempla una nueva bolsa superior a 400 millones de pesos.
Mientras ese dinero comienza a llegar a nuevos planteles, las autoridades todavía revisan obras de ejercicios anteriores.
Y mientras esas revisiones continúan, 22 escuelas iniciaron este ciclo escolar sin clases presenciales por obras que no han terminado o por robos, de acuerdo con la Secretaría de Educación estatal.
El reto, por tanto, ya no es solamente cuánto dinero recibe una escuela.
Es saber qué obra se autorizó, quién la supervisó, quién verificó que cumpliera las normas, cuánto costó, si quedó terminada y qué ocurre cuando el recurso desaparece o la construcción falla.
LA PREGUNTA PENDIENTE
¿Quién responde cuando el dinero es federal, la obra se realiza en una escuela pública, el trabajo queda inconcluso o representa un riesgo y los alumnos terminan sin poder regresar a las aulas?
En Coahuila, las obras siguen bajo revisión.
El dinero federal, mientras tanto, sigue llegando.