Ciudad de México.– Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que esas medidas “distan de concretar” una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, como recomendó en 2021 el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED).
La organización indicó que persisten vacíos y problemas estructurales, y un ejemplo de ello es en materia de identificación forense, pues aun con los esfuerzos para abatir el rezago continúan encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), a más de un año de la última reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, los ministerios públicos no han logrado integrar y consolidar los registros que deben alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses.
Además, la información de la propia Segob no ha sido actualizada, pues continúa indicando que dicho banco concentra información de sólo cuatro estados.
El Centro Prodh insistió que depositar estos esfuerzos en las fiscalías, sin reformarlas, resulta problemático debido a las actuaciones que han sido documentadas frente a la crisis de desapariciones, entre ellas la negativa a recibir denuncias, la presunta colusión con redes de macrocriminalidad y la criminalización de las víctimas.
También cuestionó que la Base Nacional de Carpetas de Investigación continúe considerándose como el principal registro de las desapariciones, al considerar que ésta no toma en cuenta las dificultades que enfrentan las familias para denunciar ante las fiscalías en contextos de violencia y criminalidad, lo que “culminará en un subregistro”.
Mientras tanto, las personas buscadoras continúan enfrentando agresiones, como el reciente ataque armado contra la buscadora Alma Rosa Rojo, ocurrido en Sinaloa.
Preocupa expansión de funciones militares
En otro tema, el Centro Prodh expresó preocupación por la iniciativa enviada esta semana por el Ejecutivo federal al Senado para reformar la Ley de Inversión Extranjera, que propone incorporar como integrantes permanentes de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La organización consideró preocupante la ampliación de las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas en tareas de carácter civil y sostuvo que la protección de los intereses económicos y comerciales del país no corresponde a las instituciones castrenses.
Advirtió que cualquier amenaza a la seguridad nacional relacionada con estos ámbitos debe ser atendida en coordinación con las autoridades civiles responsables de los sectores económico y comercial, y bajo su conducción.
A ello, agregó, se suma la falta de controles civiles robustos y efectivos sobre el actual de las instituciones castrenses, “que al día de hoy, continúan mostrando una preocupante proclividad hacia la opacidad y gozando de altos niveles de impunidad, evadiendo la rendición de cuentas, incluso frente a escándalos de corrupción”.
El Centro Prodh llamó a los legisladores a fortalecer los mecanismos de control y supervisión civil sobre las instituciones castrenses, al advertir que la seguridad nacional no debe convertirse en una vía para ampliar de manera indefinida las funciones militares en ámbitos civiles.
Esto, subrayó, es indispensable para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y los límites democráticos al “poder militar”.