Integrantes del colectivo Juntos por Nuestros Hijos se manifestaron este lunes en los juzgados familiares de Torreón para denunciar retrasos que, según señalaron, alcanzan hasta 11 años en algunos casos relacionados con convivencia familiar y otros procedimientos que involucran a niñas, niños y adolescentes.
Sergio Carrillo, representante del colectivo, explicó que hace poco más de un año realizaron una protesta en el mismo lugar para exponer la problemática y aseguró que varias de las familias continúan sin obtener una resolución en sus expedientes.
Indicó que Juntos por Nuestros Hijos comenzó con alrededor de 20 personas y actualmente acompaña cerca de 80 casos. Entre ellos, dijo, existen procedimientos que acumulan uno, cuatro, 10 y hasta 11 años sin que, de acuerdo con los afectados, exista una resolución definitiva.
“¿Cómo va a ser posible que hayan pasado 10 u 11 años sin que un juez haya podido fallar a favor de las infancias?”, cuestionó Carrillo, quien sostuvo que la principal exigencia es evitar que los conflictos entre adultos terminen por separar durante largos periodos a los menores de alguno de sus padres o de otros integrantes de su familia.
Como parte de la protesta, los integrantes colocaron una lona bajo la consigna “Los niños no son un negocio”, en la que aparecen los nombres e imágenes del juez Fernando Villarreal, el juez Obed Santibáñez, el magistrado José Adame y Raymundo Venegas. El material forma parte de los señalamientos realizados por los manifestantes y no acredita por sí mismo la comisión de alguna irregularidad por parte de las personas mencionadas.
Acusó presuntos actos de corrupción, negligencia y favoritismo dentro de los juzgados familiares. Aseguró que el colectivo ha documentado diferentes casos y afirmó que existen personas que presuntamente intervienen ante jueces para buscar resoluciones favorables. Estas acusaciones corresponden al colectivo y deberán ser investigadas y, en su caso, acreditadas ante las autoridades competentes.
El representante adelantó que no presentarán públicamente toda la documentación durante la manifestación, sino que buscarán llevarla ante las instancias correspondientes para respaldar sus señalamientos y solicitar investigaciones. También pidieron revisar la actuación y permanencia de funcionarios judiciales señalados por las familias.
Según su relato, una de las principales inconformidades es que algunos procedimientos se prolongan mediante acuerdos, vistas y otras actuaciones sin alcanzar una resolución, situación que, afirmó, mantiene durante años a padres, madres, abuelos y menores en espera de una determinación judicial.