El tema es la justicia administrativa y David Boone de la Garza, el coahuilense mejor ubicado en este momento dentro de las cañerías judiciales de la 4T, a partir de su designación en diciembre de 2025 como fiscal especializado de Control Regional en la Fiscalía General de la República.
El domingo el periódico La Jornada publicó que un magistrado, Ricardo de León Caraveo, originario de Tabasco y en el cargo desde 2024 por un periodo de 10 años, extitular de la segunda ponencia en la Sala Regional Jalisco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expuso en aquél estado la falsificación —así, en esos términos— de 120 sentencias en el TFJA, mismas que suponen —de acuerdo con su estimación— pérdidas para la hacienda pública Federal calculadas en un billón 400 mil millones de pesos.
El modus operandi es sencillo, según lo relatado por el jurista: en el Tribunal “no celebran sesiones para deliberar y resolver los asuntos”, básicamente. Solo pasan los proyectos de sentencia ya elaborados a los magistrados para su firma y validación. “Todo es inexistente”, afirma De León Caraveo. “Nunca firmé ningún acta de sesión porque nunca se llevaron a cabo”.
Es justicia simulada, pues.
Justicia Administrativa, para contextualizar, se trata del único Tribunal que no tocó la Reforma Judicial de 2024 debido a su naturaleza (resuelve controversias entre ciudadanos y la administración pública). Ahí no hay jueces del Bienestar electos por acordeón, pues. Pero ni falta que hace.
Ahora bien, al exponer su queja, De León Caraveo inicialmente fue cambiado de adscripción y trasladado a su natal Tabasco, a la Sala Regional de aquella entidad, acusado de rezago jurisdiccional y actuar en rebeldía, al negarse a firmar los expedientes.
Y aquí viene lo interesante. Al mencionado Boone, funcionario de la FGR, le acusa de “obstruir” y “obstaculizar irresponsablemente” la integración de la investigación penal al respecto. En concreto el tabasqueño le atribuye haberle retirado su escolta, la cual mantenía como medida de protección y seguridad, el 29 de septiembre.
Por separado, le señala también por omisiones, retrasos y sabotaje procesal en carpetas de investigación iniciadas en la FGR en contra de quien resulte responsable.
“Su relación con actores del TFJA acredita un pacto de impunidad. Por eso la Fiscalía es injustificadamente lenta”, expuso. Apenas el 2 de octubre, Boone fue condecorado con la estatuilla “Centinela de México” por el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Justo es decirlo: en el caso existen tres red flags (banderas rojas, señales de alerta). Primera: que la referida nota de La Jornada es firmada por Sanjuana Martínez (enterradora de Notimex) y ello levanta por lo menos una ceja. Segunda: que el magistrado de la polémica fue propuesta directa de Obrador, titular del Poder Ejecutivo. Y tercera: que se identifica con el grupo político de Adán Augusto, en cuyo Gobierno estatal trabajó como secretario técnico.
Por otro lado, en el Gobierno de Coahuila -entendido este como grupo temporal en el poder, no la sociedad ni sus instituciones- a Boone se le procura como uno de los suyos que juega de visitante con el rival. No directamente un caballo de Troya, sino un aliado. En consecuencia, ha recibido obsequiosos reconocimientos a su trayectoria desde su designación en la Fiscalía, como aquél de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 12 de septiembre, y otro del Gobierno del Estado a propósito del Día del Abogado, el 10 de julio, más los que se acumulen en lo sucesivo.
Cortita y al pie
Hace nueve años, el 3 de mayo de 2017, el periódico Reforma dedicó a Boone sus ocho columnas de portada: “Tiene Moreira oreja en la PGR”. Entonces el rotativo dio cuenta de la relación: siendo un “hombre cercano a él (Humberto)”, se desempeñaba como secretario particular de Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República desde octubre de 2016, con quien coincidió en el CEN del PRI cuando éste fungió como abogado general durante la gestión de Moreira como dirigente nacional. En virtud de dicha relación a tres bandas, el medio de comunicación le calificó como “una oreja” dentro de la Procuraduría.
Su momento culmen ha sido exonerar a Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, en conferencia pública. No lo hizo la Fiscal, Ernestina Godoy Ramos, sino él como vocero.
La última y nos vamos
Por lo demás, lo planteado no es cualquier cosa sino uno de los más grandes fraudes judiciales en el país. Y claro, como no podía ser de otra forma, con el sello de la 4T.