La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla penas de hasta cinco años de prisión por determinadas conductas relacionadas con el uso de identidad gráfica institucional, fue cuestionada por la diputada federal y presidenta estatal del PAN en Coahuila, Verónica Pérez Herrera, quien advirtió que la falta de claridad en sus disposiciones podría afectar la libertad de expresión y la crítica política.
Durante la discusión del dictamen en la Cámara de Diputados, Pérez Herrera cuestionó la incorporación del artículo 403 Bis al Código Penal Federal, al señalar que es necesario definir con precisión qué conductas constituyen un delito y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La propuesta contempla sanciones de uno a cinco años de prisión por conductas relacionadas con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales. La legisladora advirtió que, sin límites claros, la aplicación de estas disposiciones podría generar denuncias e investigaciones contra ciudadanos que utilizan memes, sátira o parodias para cuestionar a funcionarios y decisiones gubernamentales.
La panista aclaró que está a favor de combatir el fraude y castigar a quienes se hacen pasar por autoridades para engañar a la población. Sin embargo, sostuvo que este objetivo no justifica una legislación que pueda prestarse a interpretaciones que inhiban la crítica.
“¿Vamos a proteger a los ciudadanos frente al fraude y la suplantación de autoridades o vamos a aprobar una reforma tan imprecisa que pueda terminar intimidando a quienes hacen sátira, parodia o crítica política?”, cuestionó.
Como parte de su intervención, Verónica Pérez Herrera presentó desde la tribuna una parodia denominada “La Casa de los Mañosos”, con referencias a personajes políticos que se han convertido en blanco de memes y caricaturas por sus polémicas y contradicciones.
La diputada señaló que el humor es una herramienta ciudadana para cuestionar al poder, denunciar incongruencias y exhibir escándalos. Advirtió que, aunque la reforma no significa que cualquier meme implique automáticamente una pena de cárcel, la ambigüedad jurídica podría propiciar presiones legales y provocar que las personas opten por guardar silencio.
“Una finalidad legítima no justifica una ley penal mal delimitada”, enfatizó.
Ante ello, pidió precisar las conductas que se pretende sancionar, revisar la proporcionalidad de las penas e incorporar garantías expresas para proteger el periodismo, la crítica política, el arte, la sátira y la parodia.
“Si realmente están convencidos de que esta reforma no afecta a la libertad de expresión, entonces no debería haber ningún problema en incorporar estas garantías y dejarlas perfectamente claras en el dictamen”, concluyó.