En un pequeño local comercial que durante más de una década fue ocupado por un salón de belleza, ubicado en la Colonia Campestre La Rosita, de Torreón, un vinil microperforado cubre por completo sus tres ventanales: de piso a techo y de extremo a extremo, para impedir la visión al interior.
En él sobresale rotulada la razón social “Carta Analítica, S.A. de C.V.”, junto a un logotipo sencillo, elaborado con un programa de diseño para principiantes, simulando formalidad en el negocio que permanece cerrado las 24 horas, los siete días de la semana.
La leyenda impresa corresponde a una sociedad mercantil constituida el 4 de mayo de 2021, en la Notaría 76 de Torreón, aunque con domicilio fiscal en el Municipio de Gómez Palacio, Durango.
Su objeto social es la prestación de servicios en todas las áreas que requiera un gobierno en cualquiera de sus tres órdenes: “legal, administrativa, contable, fiscal, corporativa, comercial, publicidad, mercadotecnia, inmobiliaria, sistemas, gestoría, transporte, turismo, asistencia social, organización de eventos, proyectos industriales, gestoría de insumos”, entre otros.
Es una todóloga en toda la extensión de la palabra. Con mucha hambre, o muchas ganas de trabajar, según se vea.
Le pertenece, según el acta constitutiva, a María de Jesús Valerio Galván, quien posee 10% de las acciones, y Ana Patricia Santos Juárez, con el 90% restante. De 36 y 31 años de edad respectivamente. Ninguna otra persona forma parte de la ‘empresa’; ni como apoderado, representante, administrador o comisario.
De Santos Juárez, la ‘socia’ principal, sólo existe registro en el padrón de inscritos al extinto Seguro Popular, correspondiente a Coahuila; y Valerio Galván, por su parte, es afiliada del programa IMSS-Bienestar, además de militante del PRI en el Municipio de Matamoros, Coahuila, de acuerdo con la base de datos del partido correspondiente a 2023 (fue inscrita previo a las elecciones de 2021).
Su manifiesta condición de precariedad, sin acceso a la seguridad social ni siquiera bajo el régimen patronal, contrasta con el perfil comercial de la empresa recién creada con los datos personales de ambas.
Como medios de contacto, Carta Analítica proporciona una dirección de correo electrónico inactiva, y un número telefónico con lada Torreón, el cual no está disponible o se encuentra permanentemente fuera del área de servicio. Es imposible de ubicar, pues.
Coincidentemente, la referida persona moral fue creada durante la campaña electoral de 2021, donde se votaron Ayuntamientos en Coahuila, específicamente el día 30 de 60, justo a la mitad de la etapa proselitista que a la postre ganaría Román Alberto Cepeda González por el PRI en Torreón.
Este último hecho es relevante ya que, curiosamente, el Ayuntamiento de La Perla de La Laguna es el único ente de la administración ante el cual se ha inscrito Carta Analítica en su padrón de proveedores y contratistas. No existen antecedentes de negocios ni contratación con otros en Coahuila ni fuera de la entidad. Es, por así decirlo, un ‘cliente’ exclusivo de la Contraloría de Torreón.
Y si bien en la información pública de oficio correspondiente a la gestión 2022-2024 del Alcalde no aparecen contrataciones con Carta Analítica, ni por adjudicación directa ni por licitación pública, en la contabilidad del Municipio en poder de quien esto escribe sí figuran dos facturaciones pagadas a su favor, usando los datos fiscales.
Así, por ejemplo, el 17 de marzo de 2023 la sociedad mercantil extendió un comprobante fiscal por un millón 800 mil pesos más IVA, es decir, un total de 2 millones 88 mil pesos; y el 11 de julio, a su vez, facturó 458 mil 200 pesos ya con el impuesto al valor agregado.
Un total de 2 millones 546 mil 200 pesos en un periodo de cuatro meses. Y lo más importante: sin un trabajo específico desempeñado al Municipio.
Se trata de un sofisticado método para perder dinero público, aunque no es nuevo en realidad: desde Tesorería pagan comprobantes fiscales a favor de razones sociales creadas para el factoraje financiero; facturación, en otras palabras.
Alrededor de 22 mil documentos en poder de quien esto escribe, los cuales registran movimientos en las finanzas durante 18 meses del calendario, abarcando 2022 y 2023, mismos que algunas veces coinciden, y otras no, con la información pública de oficio exhibida por el Ayuntamiento de Torreón en su cuenta pública (lo cual denota doble contabilidad en la práctica: la que se muestra y la que no) registran la ruta mediante la cual se fugan los recursos del erario municipal hacia razones sociales que ocupan a otras factureras tras de sí, en una cadena de muñecas rusas que hace perdidizo el destino final de los pagos.
No se trata de un caso exclusivo donde la gestión de Román Cepeda ejecuta el modus operandi antes descrito, ni de los únicos ‘proveedores’ involucrados.
Continuará…
