
Luego de la participación del Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en el estado de Coahuila en el primer foro mundial sobre desaparición forzada, las familias hacen un llamado de acción global para no olvidar a las víctimas de este delito.
A través de un comunicado Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris desaparecido un 21 de febrero del 2007 y quien fue portavoz del colectivo durante el 15 y 16 de enero en Ginebra, Suiza, agradeció el espacio de participación mundial donde por primera vez se reunieron 500 personas de distintos países para establecer compromisos concretos que erradiquen la desaparición forzada en todo el mundo.
“Cómo familias de México le hemos apostado al estado democrático de derecho y hemos participado en crear leyes, instituciones y políticas que lamentablemente no han funcionado para detener la barbarie. El derecho que nos debería proteger está protegiendo mafias y redes transnacionales que viven de todo esto, personas que no les importa invadir, saquear, usar armas y el poder del dinero”, comentó Diana Iris en el panel.
FUUNDEC recordó cómo la crisis por desaparición forzada se agravó desde hace 17 años en el país y que desde hace tres lustros el colectivo le ha apostado al estado democrático de derecho que lamentablemente no han funcionado para detener el problema.
“Pedimos su solidaridad, compañía e involucramiento activo para desmantelar y transformar las relaciones de poder, especialmente con los países poderosos que nos imponen sus políticas económicas. Tendremos que pedir que los estados garanticen que las empresas instaladas en sus territorios dejen de vender armas a países en crisis humanitaria”. solicitó Diana Iris a los asistentes.
Por último la organización enlistó el trabajo realizado en México desde colaboraciones con organizaciones de derechos humanos, hasta impulsar la creación de las comisiones de búsqueda, al darse cuenta que las fiscalías y jueces eran responsables del 99% de la impunidad. Mientras que en Coahuila han documentado la dilación y complicidad para que las leyes no se implementen y los casos no se judicialicen a falta de investigaciones, provocando vivir en una verdadera simulación, según lo manifestaron.