Ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana, considera urgente reforzar las políticas, la estrategia y las medidas de seguridad.
“Para COPARMEX, uno de los mayores desafíos es la extorsión, un delito en aumento que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad. Este delito afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y familias mexicanas. Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país”.
Consideraron urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión, pues se trata de un delito con diversas tipificaciones y alta cifra negra de denuncias.
“El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión. Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes”.
Dijeron que bajo la apariencia de “protección”, se imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos, además de que hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
“Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se re victimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas”.
Los empresarios calificaron como “alarmante” la cifra negra, ya que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian.
Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
“Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando”
La propuesta de los empresarios es una reforma a la Constitución y la aprobación de una Ley General, sugieren reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.
“Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”
