
En Tamaulipas, el escándalo que envuelve a Édgar "El Fresa" Villarreal dejó de ser un simple expediente judicial para convertirse en un terremoto político que sacude los cimientos del morenismo en aquel estado. Entre los nombres que aparecen en el radar de las agencias norteamericanas destaca el de Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador tamaulipeco, delegado del Bienestar en Coahuila y operador clave de la agrupación "La Avanzada", estructura territorial que según esto, comparte liderazgo con la senadora coahuilense Cecilia Guadiana, según lo consignó el portal de noticias La Política Online.
De acuerdo con la noticia, “La Avanzada” ya no solo moviliza votos, ahora también levanta sospechas, y mientras el gobernador Américo Villarreal Anaya corre a tocar la puerta de Rosa Icela Rodríguez para contener la tormenta, la senadora Cecilia —quien cobra fama por interponer denuncias de violencia política de género, y difamar a quienes considera incómodos– se encuentra en el centro de los comentarios precisamente por su relación con el junior tamaulipeco.
No es menor que la Secretaría de Gobernación haya puesto atención a esta dupla; menos aún que se trate de un grupo que opera entre Tamaulipas y Coahuila, justo cuando la DEA ha comenzado a seguir los rastros del dinero, los vínculos y los favores.
En la mira de la DEA
En más de las revelaciones de La Política Online, el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene motivos para perder el sueño. Lo que empezó como la detención de un personaje vinculado al narco, Édgar "el Fresa" Villarreal, se convirtió en un parteaguas para el poder político de Morena en Tamaulipas.
El alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, fue detenido en la frontera, le retiraron la visa y lo interrogaron; su acompañante, Emilio Grimaldo, parece haber hablado más de lo que debía, y lo que dijo ya genera temblores en el despacho del gobernador.
En este fuego cruzado, hay alcaldes, exfuncionarios, operadores y hasta superdelegados que ya no duermen tranquilos. Américo intenta escalar el tema como asunto de Estado, pero en Palacio Nacional hay silencio incómodo y en Ciudad Victoria, cautela. La cacería emprendida por Washington contra políticos mexicanos salpicados por dinero sucio ha encontrado en Tamaulipas una mina de expedientes.
Resultados, sin grillas
En Saltillo, el trabajo coordinado da resultados que se miden y se notan. De acuerdo con la más reciente medición del INEGI, Saltillo no sólo es la capital más segura del país, sino que se ubica en el Top 5 de las ciudades más seguras de todo México.
Este logro no es producto del azar, ni de ocurrencias. Es el resultado de una estrategia de seguridad bien pensada y ejecutada por el gobierno municipal del alcalde Javier Díaz González y el del estado, del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
En Saltillo, la seguridad no se politiza. Lejos de las grillas, la estrategia camina con firmeza gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con la participación activa del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y, sobre todo, la ciudadanía, lo cual, para como están las cosas en otras partes del país, no es poca cosa.
Repetir la fórmula
Así de complicado, pero a la vez, así de sencillo: si en alguno de los 38 municipios de Coahuila alguien se entera de que en algún sitio se vende droga, se almacenan artículos robados o se comete cualquier otro delito, basta con enviar un mensaje de WhatsApp al número personal del titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez (8446759809), para que el Ministerio Público y las corporaciones policiales tomen cartas en el asunto.
La estrategia del fiscal, de aproximación con la ciudadanía, con todo y proporcionar su número telefónico, dio resultados en Saltillo cuando se desempeñó como comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana. Repetir la fórmula, ahora en el plano estatal, es buen augurio.
Advierte Morena a rijosos
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, amagó con la expulsión en contra de sus senadores, diputados federales y locales y otros representantes populares por el descontrolado pleito entre las tribus internas.
Los senadores Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano y Luis Fernando Salazar Fernández, así como los diputados federales Francisco Javier Borrego Adame, Antonio Lorenzo Castro Villareal, Cintia Cuevas Sánchez; los diputados locales Alberto Hurtado Vera, Antonio Attolini Murra y Luis Ponce Ortiz, y los regidores y síndicos Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, Rosaura Monroy Becerril, Zázil Pacheco Pérez, Karla Daniela Ramos Macías, y Judith Alejandra Salazar Mejorado, “han transgredido, de manera flagrante y pública, la normatividad partidista al violentar la unidad y fortaleza del partido realizando actos denotativos y/o calumniosos contra otros y otras protagonistas del cambio verdadero”, señala el oficio de notificación que recibieron de la CNHJ, del cual Grupo Zócalo tiene copia.
Amagan con expulsión
El procedimiento de la Comisión, que preside Iris Mariana Rodríguez Bello, podría consumarse con amonestación privada o pública; suspensión de derechos partidarios, cancelación del registro en el Padrón Nacional de Morena, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección, inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación, o para ser registrado como candidata o candidato a puestos de elección popular; impedimento para obtener la postulación en una candidatura externa, una vez que haya sido expulsado de Morena; la negativa o cancelación de su registro en una precandidatura o candidatura, la obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado y multa.
No era amor…
En más de esto, la advertencia de la dirigencia nacional de Morena coincidió con la operación cicatriz y de buena onda que emprendió el diputado Alberto Hurtado, primero, al hacer las pases con su colega Antonio Attolini, con quien hasta una cerveza se tomó, y después, con el video en el que llama a sus compañeros morenistas a la cordura y la unidad interna.
En política no hay casualidades y queda claro que Hurtado supo del amago que venía de la dirigencia nacional y quiso pavimentar el terreno. No era amor, sino conveniencia política. ¡Caray!