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Ana María Ibarra denuncia el uso del tecnicismo en la Suprema Corte para negar derechos al pueblo

La aspirante señaló que la justicia no puede seguir dándole la espalda a quienes más la necesitan y que los tribunales deben dejar de usar tecnicismos como excusa para negar derechos legítimos.

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Durante su visita a la capital, Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo un encuentro con extrabajadoras y extrabajadores de la extinta Ruta 100, en el que criticó el distanciamiento del Poder Judicial frente a las luchas sociales.


La aspirante señaló que la justicia no puede seguir dándole la espalda a quienes más la necesitan y que los tribunales deben dejar de usar tecnicismos como excusa para negar derechos legítimos.

“La justicia no puede esconderse en tecnicismos para negar derechos. Su deber es ponerse del lado del pueblo”, declaró al referirse al caso de un trabajador que, pese a contar con documentación que acreditaba su antigüedad, fue excluido del derecho a una pensión.


Ana María expuso que, como magistrada, intervino directamente en ese caso, “a pesar de la postura de otros jueces que privilegiaron los obstáculos procesales, analicé la evidencia que efectivamente permitía reconocer su derecho a la antigüedad… finalmente, la pensión fue concedida”, enfatizó.

“No basta con aplicar la ley como un mecanismo automático. Hay que entender el contexto, reconocer las trayectorias laborales y actuar con sensibilidad social”, recordó Ana María, al señalar que el Poder Judicial debe asumir una mirada más humana y empática, sobre todo ante quienes han sido históricamente excluidos.
Durante el encuentro, la candidata fue enfática al cuestionar el papel actual de la Suprema Corte:

“La Corte debe alejarse de la política del tecnicismo como excusa para no defender al pueblo. No podemos seguir avalando una justicia fría, ciega al contexto y distante de quienes más la necesitan”.


Ana María Ibarra sostuvo que este tipo de asuntos reflejan con claridad la clase de justicia que ella busca impulsar desde el máximo tribunal: una que no se limite a verificar requisitos, sino que reconozca contextos, compense desigualdades y restituya derechos. Una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional.

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