Por: Luis Carlos Plata
De no presentar un recurso legal en las siguientes horas, dentro de un proceso judicial que no ha sido atendido en tiempo y forma pese a su relevancia económica, Simas Torreón perderá una cantidad estimada entre 160 y 270 millones de pesos por indemnización contra un particular originario de la Perla de La Laguna, el conocido empresario Juan José Fernández García.
Cabe señalar que un hijo del beneficiario directo del pago por daños y perjuicios en un juicio que data de 2018 y cuya última actuación se celebró el pasado 14 de mayo, de nombre Pablo Fernández Llamas, trabaja con Román Alberto Cepeda en la Administración municipal como director de Inspección y Verificación, desde el 7 de enero de 2025. Anteriormente, a partir de los primeros días de 2022, durante su primer trienio, había ocupado diversas posiciones de confianza dentro del organigrama.
Actualmente la oficina en que se desempeña se halla adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento cuyo titular es José Elías Gánem Guerrero. Por tanto su jefe directo es el secretario, quien a su vez tiene un asiento clave en el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Dicho de otra forma: existe acceso a información privilegiada sobre los asuntos legales que ahí se ventilan, pese a la autonomía del organismo.
De consumarse la inacción a fin de provocar que pierda Simas Torreón, el caso puede constituir un delito equiparable a la prevaricación.
El origen es un contrato de suministro de aguas tratadas, el cual data del 15 de febrero del 2007 (durante la época de José Ángel Pérez como Presidente Municipal) a razón de 198 litros por segundo “de forma permanente, continua e ininterrumpida durante los 365 días del año”. Ello supone una cifra de 2 millones 838 mil 240 metros cúbicos anuales, de uso agrícola (fundamentalmente para el riego de alfalfa).
Así se mantuvo hasta que durante 2018, periodo que coincide con la gestión municipal del panista Jorge Zermeño, le cerraron la llave a Juan José Fernández García, y se suspendió el trasvase.
El presunto afectado, con intereses mercantiles en La Laguna que van desde la agricultura, ganadería, hasta la construcción, demandó la restitución de los volúmenes y servidumbres de agua tratada el 12 de septiembre de aquél año, y a partir de ahí el asunto ha venido rebotando en el ámbito de la justicia estatal y federal, empezando en el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, escalando al Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, hasta su última instancia, la cual se desarrolló el 14 de mayo en el Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Torreón.
En poder de quien esto escribe, además del expediente completo del caso, consta un avalúo de perjuicios que data de 2023, vinculado con el juicio de amparo 426/2019 radicado en el juzgado cuarto de Distrito en La Laguna, en donde un corredor público cuantifica en 2 millones de pesos cada mes de desposesión o despojo de aguas residuales, a partir de una fórmula que involucra superficies probables de riego, producción de forraje, y ciclos agrícolas.
De tal forma, siete años desde que inició el caso equivalen a 168 millones de pesos como daño a pagar por Simas Torreón. Por lo menos.
Cortita y al pie
En el compendio de corrupción municipal existente, otra forma para expoliar el erario, de mayor sofisticación pero igual de redituable que meter la mano al cajón, radica en los juicios legales donde sea parte demandada un órgano de Gobierno bajo su mando, al dejarse perder deliberadamente para que la contraparte cobre una indemnización millonaria (la cual se paga naturalmente con recursos públicos) previa colusión y tráfico de influencias.
Más fácil: uno se deja perder, y otro cuantifica el daño. En la tamaleada, luego, se reparte el botín.
No se trata de chutar hacia la portería propia para meter autogoles absurdos cuya legalidad sería cuestionable por el público, sino simplemente de no defender bien y dejar pasar a los adversarios para encajar goles.
El tema se puede ilustrar con una parábola, como comer chile habanero sin temor a las consecuencias (pues al final, “el de atrás paga”). En el caso que nos ocupa, pagará quien venga detrás, sí, pero como Presidente Municipal, y varias administraciones municipales en lo sucesivo.
Una raya más al tigre: sacar raja de pleitos ajenos; el negocio de perder demandas en Torreón.
La última y nos vamos
Por lo demás el daño económico, en este asunto, no es un problema para la presente Administración encabezada por Cepeda González, pues el monto es tan elevado que no habría recursos para afrontarlo.
En esa coyuntura donde se vería SIMAS obligado a indemnizar, conviene traer a cuento que, la semana pasada, solicitó autorización para formalizar un crédito bancario hasta por 60 millones de pesos, y un préstamo del Ayuntamiento por una cantidad similar, sin detallar el destino pese a constituir una bolsa de 120 millones de pesos.
Si el lema del Santos Laguna fue algún tiempo “ganar sirviendo”, el de Román, parafraseando a Orlegi, es “ganar perdiendo”.
