Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes que las empresas telefónicas colaboren con las autoridades de seguridad y justicia para localizar celulares en tiempo real. También avaló que conserven por hasta dos años los metadatos, registros de llamadas y otros datos de todos los usuarios, y que los entreguen en un máximo de 24 horas cuando se los pidan de forma legal.
Por mayoría de votos, los ministros declararon constitucionales varios párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, además de las disposiciones sobre bloqueo de señales. La Corte sostuvo que las medidas responden a fines de seguridad pública y procuración de justicia, y subrayó que la geolocalización permite conocer la ubicación aproximada de un aparato, pero no el contenido de las comunicaciones.
Eso sí, las autoridades necesitarán una orden judicial para acceder a la información. Solo podrán actuar sin ella en casos de urgencia, como cuando esté en riesgo la vida de una persona, y siempre con control judicial posterior.
El proyecto de la ministra María Estela Ríos González negaba el amparo a Beatriz Ángel, quien alegaba que las medidas violan la privacidad y las libertades de expresión y asociación. Durante la discusión, la mayoría, con Hugo Aguilar Ortiz, Arístides Guerrero García y Yasmín Esquivel Mossa, pidió ajustar el proyecto para que estas medidas se sujeten al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que exige autorización judicial previa como regla y permite excepciones con revisión en un plazo de 48 horas.
Ríos González rechazó el cambio de metodología y acusó "falta de respeto" hacia su posición. Aguilar Ortiz respondió que debía prevalecer el criterio de la mayoría para emitir una sentencia clara.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso incluir un test de proporcionalidad, algo que la ponente también rechazó. Por su parte, Irving Espinosa Betanzos advirtió que el artículo 183 no precisa límites ni supuestos excepcionales y que existe una doble regulación con el CNPP que genera inseguridad jurídica, aunque votó a favor del bloqueo de señales.
