Ernesto y Román Cepeda: de qué se les acusa y cuál es su situación legal

Las investigaciones involucran señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos y vínculos financieros bajo revisión

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Por José Alfredo Ramos López
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Ernesto y Román Cepeda: de qué se les acusa y cuál es su situación legal

Torreón, Coah.— A raíz del fallecimiento del exalcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, el escenario político y judicial en La Laguna y en todo Coahuila ha dado un giro determinante. Mientras la acción penal contra el exedil quedó legalmente extinta tras su deceso, los reflectores de las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia se mantienen fijos sobre su círculo familiar más cercano, particularmente sobre sus hijos, quienes enfrentan señalamientos derivados de presuntas irregularidades financieras, patrimoniales y administrativas detectadas durante su gestión al frente del Ayuntamiento torreonense.

De acuerdo con los expedientes integrados ante instancias estatales y federales, así como los reportes derivados de las revisiones de cuentas públicas, las investigaciones no se detuvieron con la muerte del exmandatario municipal, pues la responsabilidad penal y administrativa de terceros vinculados a presuntas redes de triangulación de recursos sigue su curso legal.

¿De qué se les acusa y cuáles son los señalamientos?

Las denuncias y carpetas de investigación abiertas en contra de los hijos del fallecido exalcalde —entre quienes figuran Román y Ernesto Cepeda, así como otros familiares directos señalados en querellas presentadas por actores políticos, regidores de oposición y organismos ciudadanos— giran en torno a una serie de presuntos delitos de carácter patrimonial y financiero:

  • Enriquecimiento ilícito y evolución patrimonial injustificada: Se les señala por la presunta adquisición de bienes inmuebles de alto valor, propiedades residenciales, terrenos y vehículos de lujo tanto en Torreón como en otras entidades y en el extranjero, cuyos montos no corresponderían con los ingresos declarados ni con su actividad empresarial previa.

  • Triangulación de recursos y empresas fachada: Las indagatorias apuntan a la supuesta creación y utilización de empresas proveedoras y prestadoras de servicios que habrían recibido contratos millonarios de obra pública, arrendamiento y suministros por parte del Ayuntamiento de Torreón durante la administración de su padre, configurando presuntos conflictos de interés y desvío de recursos públicos.

  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita: En el ámbito federal, diversas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitaron el rastreo de cuentas bancarias, transferencias y movimientos financieros sospechosos realizados entre cuentas ligadas al municipio y firmas vinculadas a los descendientes del exedil.

  • Tráfico de influencias y abuso de autoridad: Asimismo, en los expedientes se documentan presuntas intervenciones indebidas en decisiones administrativas, licitaciones y asignaciones de contratos municipales sin contar con cargos oficiales dentro de la estructura del Ayuntamiento.

Especialistas en derecho penal y administrativo en Coahuila explican que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la muerte de una persona investigada o imputada extingue de manera automática la acción penal únicamente respecto a ella. Sin embargo, este principio jurídico no exime ni beneficia a los coimputados, cómplices o beneficiarios directos de presuntos actos de corrupción.

En este sentido, las carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila y ante instancias federales continúan vigentes respecto a los hijos del exalcalde y exfuncionarios municipales que habrían participado en la firma o autorización de los contratos cuestionados.

¿Qué sigue en el proceso legal y de fiscalización?

El camino jurídico y administrativo para los hijos de Román Alberto Cepeda contempla varias etapas clave en el corto y mediano plazo:

  1. Integración de peritajes contables y financieros: Las fiscalías correspondientes continúan recabando los informes bancarios, registros públicos de la propiedad y dictámenes de evolución patrimonial para determinar si existen elementos suficientes para solicitar audiencias de imputación ante un juez de control.

  2. Auditorías y observaciones de la ASE: La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila mantiene abiertas las revisiones sobre las cuentas públicas de los últimos ejercicios fiscales de Torreón. De confirmarse daños al erario público mediante pagos a empresas vinculadas, se podrían iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa grave ante el Tribunal de Justicia Administrativa, los cuales buscan el resarcimiento económico del daño patrimonial.

  3. Posibles medidas cautelares y amparos: Ante el avance de las indagatorias, la defensa legal de los involucrados ha recurrido —y se prevé que continúe recurriendo— a juicios de amparo indirecto para conocer el estado de las carpetas de investigación, evitar órdenes de aprehensión y proteger sus bienes ante posibles aseguramientos precautorios por parte del Ministerio Público.

  4. Extinción de dominio sobre bienes: En caso de que las autoridades acrediten que determinados inmuebles o activos fueron adquiridos con recursos desviados del erario municipal, la ley faculta al Estado para promover juicios de extinción de dominio, independientemente del fallecimiento del titular original de la administración pública.

Por ahora, el caso se mantiene en etapa de investigación inicial y complementaria bajo sigilo ministerial, mientras sectores empresariales y políticos de la Comarca Lagunera exigen que el fallecimiento del exalcalde no derive en impunidad respecto al destino de los recursos públicos de Torreón.

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