En un acontecimiento que marca un hito para la justicia ambiental en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado formalmente el trámite de la petición identificada con el número P-2169-25. Esta acción legal, impulsada por la asociación civil Pro Defensa del Nazas, coloca bajo escrutinio internacional al Estado mexicano por la gestión hídrica que ha mantenido seca la cuenca baja del río durante décadas.
La notificación oficial, emitida este 12 de diciembre de 2025, representa el inicio de un procedimiento formal donde los ojos de América Latina se posan sobre la región lagunera.
El núcleo de esta petición internacional radica en una visión innovadora del derecho ambiental que busca romper con los criterios previos de los tribunales nacionales. Mientras que instancias judiciales en México habían desestimado recursos anteriores bajo la idea de que un río seco ya no prestaba servicios que proteger, la estrategia presentada ante la Comisión Interamericana defiende la existencia del río como un ente con valor propio.
Representantes del movimiento han señalado de manera reiterada que la intención de este recurso es evidenciar que se han vulnerado los derechos humanos de la población y la integridad del propio ecosistema al privarlo de su flujo natural.
A través de su campaña en redes sociales, “Nazas Vivo” en la organización han sido enfáticos al difundir que este proceso implica que el río finalmente entra a la diplomacia ambiental, subrayando la urgencia de recuperar las memorias del agua y lograr un caudal ecológico ya para el bienestar de la región.
Con la apertura de este trámite, el Estado mexicano ha quedado formalmente emplazado y dispone de un plazo de tres meses para presentar una respuesta detallada ante el organismo internacional. El Gobierno deberá justificar técnicamente por qué no se ha garantizado un volumen mínimo de agua que permita la vida del río y la recarga de los mantos acuíferos.
Esta respuesta no es opcional, ya que México está sujeto a los tratados internacionales que obligan a atender los requerimientos de la Comisión cuando se alegan violaciones a derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano.
Lo que comenzó como una demanda local en el Puente Plateado se ha transformado ahora en un precedente para todo el continente. De no llegarse a un acuerdo o una solución amistosa que garantice el regreso del agua al lecho seco, el caso podría escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto podría derivar en una sentencia obligatoria que dicte medidas de reparación integral para el ecosistema, marcando un antes y un después en la forma en que se entienden y protegen los derechos de la naturaleza en toda América Latina.