Vecinas y vecinos de las colonias Dalias, Nueva Merced y Ampliación Nueva Merced alzaron la voz ante el cierre total de un paso peatonal histórico en el sector suroriente de la ciudad, situación que ha generado afectaciones directas a la movilidad no motorizada, el acceso a escuelas, centros de trabajo y la vida comunitaria de la zona. El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras la intervención del diputado local Felipe González, quien llevó el caso al Congreso del Estado.
En entrevista para Grupo Horizonte Lagunero, puntualizó que de acuerdo con lo expuesto, durante más de 30 años las y los habitantes de estas colonias utilizaron cruces informales sobre las vías férreas para comunicarse entre sus comunidades. Sin embargo, en meses recientes, la empresa Ferromex, subsidiaria de Grupo México, inició la construcción de una barda perimetral que limitó gradualmente el paso, obligando a las personas a realizar largos rodeos y a incrementar gastos de transporte.
La situación se agravó la madrugada del 28 de noviembre, cuando la empresa colocó de manera unilateral una placa de concreto que cerró por completo el último acceso peatonal, sin previo aviso ni consulta con la ciudadanía o el Gobierno Municipal.
Esta acción detonó el malestar social, ya que el cierre impacta directamente en niñas, niños, personas adultas mayores y trabajadores que diariamente cruzaban por el lugar.
Ante ello, el legislador promovió un punto de acuerdo en el Congreso del Estado de Coahuila, el cual fue aprobado por unanimidad, exhortando a las autoridades federales competentes a intervenir. La propuesta busca que se garantice el derecho al libre tránsito y se impulse una solución de fondo, como la construcción de un puente peatonal seguro, que permita mantener la conectividad sin poner en riesgo a la población.
Asimismo, informó que ya fue presentada una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de dar vista a instancias estatales y municipales, con el objetivo de que el caso sea analizado desde la perspectiva de derechos humanos. Mientras tanto, el Gobierno Municipal de Torreón revisa la legalidad de los permisos y licencias relacionadas con la barda y el cierre del paso, en busca de una solución integral que restituya la movilidad y la vida comunitaria de la zona afectada.