El sector empresarial de La Laguna manifestó su preocupación por la falta de interlocución efectiva entre la Cámara de Diputados y la iniciativa privada en la elaboración y aprobación de leyes con impacto económico, lo que ha contribuido a un marco legal que no impulsa el crecimiento, genera incertidumbre y desalienta la inversión productiva.
José Piña Álvarez, presidente de CCE Laguna señaló que diversos estudios de organismos nacionales e internacionales coinciden en que el marco regulatorio aprobado en los últimos años ha limitado la inversión y la competitividad.
En ese sentido, puntualizó que la OCDE ha señalado que México requiere fortalecer sus mecanismos de mejora regulatoria y consulta con el sector productivo para detonar crecimiento, innovación y productividad, así como simplificar cargas innecesarias para empresas y emprendedores.
Además, indicó que analistas de instituciones como Bloomberg han reportado que la economía mexicana enfrenta un crecimiento débil que ha obligado a recortes importantes en las proyecciones oficiales.
Precisó que según Bloomberg, el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento para 2025 hasta solo 0.3 %, reflejo de la atonía económica y de las condiciones adversas que enfrentan las empresas en el país.
“Hoy México no está creciendo porque las leyes que se han aprobado no se dialogan con la realidad productiva del país. Se han legislado normas sin escuchar a quienes generan empleo, inversión y desarrollo, y eso inevitablemente tiene consecuencias económicas”.
Consideró que el impacto de este entorno legal se refleja en la perspectiva de crecimiento del PIB, que continúa por debajo de las necesidades de un país que compite en cadenas globales de valor.
Apuntó que a nivel mundial, economías con marcos legales estables y predecibles han logrado atraer mayores volúmenes de inversión extranjera directa y mantener tasas de crecimiento superiores al 3 % anual, mientras que México lucha por superar la barrera del 1 %, incluso en años de expansión moderada.
Asimismo, agencias calificadoras y expertos han advertido que la transferencia recurrente de recursos públicos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura productiva, educación, innovación y competitividad, factores que son fundamentales para un crecimiento sostenido.
“Seguir destinando una parte creciente del presupuesto a cubrir las ineficiencias de Pemex y CFE limita la capacidad del Estado para invertir donde realmente se genera crecimiento económico y bienestar social”.
En este contexto, el sector empresarial hizo un llamado respetuoso pero firme a los diputados federales a retomar una agenda legislativa basada en el diálogo, la evidencia técnica y la visión de largo plazo, aprobando leyes que fortalezcan la competitividad, la certeza jurídica y el desarrollo económico y que sean
congruentes con un país atractivo para la inversión, generador de empleo formal y plenamente integrado a la economía global.
“México necesita leyes congruentes con su potencial económico, no marcos legales que lo limiten. Desde la iniciativa privada estamos listos para dialogar y construir soluciones, pero ese diálogo del poder legislativo con la IP debe existir”.