Las masacres ocurridas en 2011 en los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, forman parte central del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, a quien el Departamento de Justicia señala como autor intelectual y material de asesinatos de hombres, mujeres y niños.
En un escrito dirigido al juez Trevor McFadden, los fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal del Departamento de Justicia adelantaron que presentarán en juicio evidencia para acreditar la responsabilidad directa de Treviño Morales en los ataques perpetrados en Coahuila.
Acusan continuidad delictiva desde prisión
Además de los hechos violentos de 2011, el gobierno estadounidense sostuvo que cuenta con pruebas de que Treviño Morales continuó operando actividades criminales incluso después de su detención en 2013 en México.
Según los fiscales, el exlíder de Los Zetas habría sobornado al director de un penal federal de máxima seguridad para mantener una amplia operación criminal desde el interior de la cárcel, utilizando intermediarios para transmitir órdenes al exterior.
De acuerdo con la acusación, tras su liderazgo en Los Zetas, la organización evolucionó hasta convertirse en el Cártel del Noreste, estructura que presuntamente continuó bajo su influencia.
Masacres como represalia por colaboración con la DEA
Los fiscales describieron que en marzo de 2011 Treviño Morales encabezó una ola de represalias contra presuntos colaboradores de autoridades estadounidenses, particularmente de la Drug Enforcement Administration (DEA).
Según el documento judicial, el primer ataque ocurrió en Piedras Negras, donde un convoy armado secuestró a familiares y allegados de un supuesto informante. Las víctimas fueron trasladadas a un campo de futbol en las afueras de la ciudad, donde fueron ejecutadas. Entre ellas había menores de edad y personas sin vínculos con el narcotráfico.
Días después, un segundo convoy se desplazó a Allende, donde decenas de residentes fueron asesinados bajo la misma lógica de represalia. El mensaje, sostienen los fiscales, fue claro: castigar cualquier cooperación con autoridades estadounidenses no solo con la muerte del presunto informante, sino también con la de sus familiares y conocidos.
Defensa busca eliminar régimen especial
El pasado 19 de enero, Treviño Morales presentó una moción para que se le retiren las Medidas Especiales Administrativas (SAM), régimen de alta restricción aplicado a terroristas y delincuentes de extrema peligrosidad. En su caso, dichas medidas fueron autorizadas directamente por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
La defensa argumentó que su cliente se encuentra en “segregación injustificada”, pese a no contar —según sus abogados— con historial disciplinario negativo, y aseguró que durante los últimos años ha leído más de mil libros y practicado yoga.
Sin embargo, los fiscales rechazaron esa caracterización y lo describieron como uno de los narcotraficantes más violentos de este siglo, con capacidad probada para operar dentro y fuera de prisión. Afirmaron que existe un riesgo sustancial de que sus comunicaciones puedan derivar en muerte o lesiones graves contra posibles testigos o autoridades.
Actualmente, Treviño Morales se encuentra recluido en una prisión federal en Virginia desde marzo de 2025.
Niegan incomunicación y malos tratos
El Departamento de Justicia aseguró que, pese a las estrictas medidas, el acusado no está incomunicado ni sometido a tratos crueles.
Detallaron que 16 personas —entre abogados, investigadores y familiares directos— han sido autorizadas para visitarlo, con jornadas que han alcanzado hasta siete horas. Asimismo, se le permiten dos llamadas telefónicas de 15 minutos cada dos semanas con familiares.
Los fiscales también negaron que permanezca encadenado de forma permanente, precisando que las restricciones se aplican únicamente durante traslados internos y son retiradas al llegar a su destino.
Rechazan retirar cargos
Finalmente, el Departamento de Justicia se opuso a una segunda moción de la defensa que solicita eliminar cargos relacionados con homicidio y crimen organizado, bajo el argumento de que son demasiado generales.
Los fiscales calificaron la petición como prematura e informaron que se prepara una sexta acusación suplementaria contra Treviño Morales y su hermano, Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, en la que se ampliarán detalles específicos de los delitos imputados.
Indicaron que los elementos concretos —incluyendo detalles de homicidios y operaciones de narcotráfico— se encuentran contenidos en los paquetes de evidencia ya entregados a la defensa.
Con ello, el gobierno estadounidense insistió en que las Medidas Especiales Administrativas deben mantenerse vigentes para contener cualquier riesgo operativo y proteger la integridad de investigadores y potenciales testigos en el proceso judicial.
Con información de Arturo Ángel