La detención de Martha “N”, señalada por su presunta participación en un fraude millonario que afectó a más de 125 trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio, ha generado una fuerte controversia luego de que su hija denunciara públicamente presuntas irregularidades en el proceso y violaciones a sus derechos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso está relacionado con un esquema de inversiones que habría ocasionado un daño patrimonial superior a los 22 millones de pesos. El principal señalado es Guillermo “N”, esposo de la detenida, quien permanece prófugo.
Sin embargo, Martha Valeria Juárez Hernández, hija de la imputada, aseguró que su madre está siendo responsabilizada sin pruebas sólidas y que la autoridad actuó de manera desproporcionada.
“Mi mamá no manejaba cuentas, no recibía dinero, no firmaba contratos. La están señalando únicamente por haber sido esposa de mi papá, aquí su único error fue no divorciarse”.
La joven relató que la detención ocurrió el pasado 24 de enero, cuando su madre salía de trabajar como enfermera. Según su testimonio, no se le permitió comunicarse con su familia tras ser arrestada.
“No nos avisaron nada. No le permitieron hacer una llamada. Simplemente desapareció varias horas y nosotros no sabíamos qué estaba pasando”.
También señaló que no se tomó en cuenta el estado de salud de la mujer, quien padece diabetes, arritmia cardíaca y otros padecimientos crónicos que requieren tratamiento constante.
“Mi mamá es una persona enferma. Necesita medicamento diario y atención médica. Tememos por su salud dentro del penal”.
Respecto a la audiencia de vinculación a proceso, Juárez Hernández cuestionó los elementos presentados por la Fiscalía.
“La acusación se basa prácticamente en el dicho de una persona cuya descripción física no coincide con la de mi mamá. No existe un solo documento firmado por ella que la vincule directamente con el dinero”.
La familia también denunció que mientras a Martha “N” se le impuso prisión preventiva justificada por un periodo de tres meses para la investigación complementaria, la búsqueda del principal señalado no ha mostrado avances visibles.
“No entendemos por qué a ella sí la detienen de inmediato y a quien realmente manejaba todo no lo encuentran. Sentimos que la están usando como ejemplo”.
El caso ha generado indignación tanto entre familiares como entre las personas afectadas por el presunto fraude, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se garantice la recuperación de los recursos.
Mientras el proceso judicial continúa, la familia insiste en que se revise la medida cautelar y se garantice un debido proceso.
“Lo único que pedimos es justicia, que se investigue bien y que no se condene a una persona solo por su vínculo familiar”.