Ante los señalamientos por presuntos fraudes en la compraventa de terrenos vinculados a distintas notarías, el presidente del Colegio de Notarios de Torreón, Salvador Sánchez aseguró que el tema no debe poner en duda la función notarial, aunque sí reconoció la necesidad de que la ciudadanía extreme precauciones al momento de realizar este tipo de transacciones.
Consideró que la problemática ha tomado relevancia mediática, pero subrayó que los notarios tienen la obligación legal de verificar la situación jurídica de los inmuebles, así como de llevar a cabo un proceso de debida diligencia con cada cliente.
En ese sentido, reiteró que el sistema del Registro Público de la Propiedad permite revisar antecedentes y condiciones legales de los predios, lo que brinda certeza en las operaciones cuando se siguen los procedimientos adecuados.
No obstante, advirtió que uno de los principales riesgos se encuentra en las ofertas difundidas a través de redes sociales, donde se promocionan terrenos a bajo costo sin sustento legal. Por ello, exhortó a la población a acudir físicamente a los predios, conocerlos y evitar realizar pagos o trámites sin antes entrevistarse directamente con un notario y verificar la autenticidad de la documentación.
En relación con los casos denunciados, indicó que actualmente existen alrededor de 60 denuncias presentadas ante la Fiscalía, instancia que ya se encuentra a cargo de las investigaciones.
Asimismo, recordó que la Dirección de Notarías retiró el fiat al notario señalado desde hace más de un año, previo a que el caso tomara mayor visibilidad.
Sobre posibles irregularidades en documentos, como certificados con códigos QR falsos, explicó que estos deben dirigir a páginas oficiales para validar su autenticidad, por lo que recomendó a los ciudadanos revisar este elemento como una medida básica de seguridad.
Finalmente, enfatizó que la prevención es clave para evitar fraudes, por lo que insistió en que cualquier operación debe realizarse con asesoría directa, documentación completa y evitando intermediarios o supuestas “oportunidades” que no puedan comprobar su legalidad.