La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en La Laguna expresó su preocupación ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avala el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin control judicial previo, al considerar que esta medida debilita el Estado de derecho y afecta la confianza para invertir en México.
El organismo empresarial advirtió que esta determinación, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y aprobada por mayoría de 6 votos contra 3, permite restringir el acceso a recursos de personas y empresas con base en “indicios suficientes”, lo que señala, genera incertidumbre jurídica y contraviene principios constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
De acuerdo con COPARMEX Laguna, el esquema validado por la SCJN abre la puerta a posibles afectaciones patrimoniales sin reglas claras ni controles judiciales definidos, lo que podría traducirse en un entorno de mayor riesgo para la inversión nacional e internacional, especialmente en el contexto del T-MEC y la competencia global por capital.
El organismo enfatizó que el impacto de esta resolución será particularmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial del país. Señaló que un bloqueo de cuentas, incluso de carácter cautelar, podría impedir el cumplimiento de obligaciones básicas como el pago de nómina, proveedores o créditos, comprometiendo la operación y continuidad de los negocios.
Ante este panorama, COPARMEX Laguna hizo un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para subsanar los vacíos normativos que persisten en la legislación vigente. Entre las propuestas planteadas destacan la definición de criterios claros y verificables para justificar bloqueos, la implementación de un control judicial previo en un plazo máximo de seis horas, la notificación inmediata a los afectados, así como la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, subrayando que el combate a la ilegalidad debe ir de la mano con la certeza jurídica, condición indispensable para fomentar la inversión y el desarrollo económico sostenible en México.