Washington D.C. – En una medida que expertos legales califican como un nuevo obstáculo para la defensa de los no ciudadanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves su intención de aumentar drásticamente el costo del Formulario I-246. La tarifa para solicitar una suspensión temporal de deportación pasaría de los 155 dólares actuales a 755 dólares.
Un ajuste tras 35 años de congelamiento
De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el costo de este trámite no ha sido modificado desde 1989. El DHS justifica este incremento del 387 % bajo la necesidad de cubrir la totalidad de los costos operativos, incluyendo:
- Detección de fraudes y verificación de antecedentes.
- Atención al cliente y tareas administrativas de adjudicación.
- Cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14218 para reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes estadounidenses.
La importancia del Formulario I-246
El formulario I-246 es la herramienta legal que permite solicitar un "Stay of Removal" (freno de deportación). Aunque no otorga un estatus migratorio permanente ni elimina la orden de expulsión, permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplace la ejecución de la salida por razones humanitarias, médicas o familiares complejas.
" "Este incremento pondrá todavía más cuesta arriba el defenderse de una deportación", advirtió José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, señalando que el nuevo costo representa una barrera económica significativa para familias en situación de vulnerabilidad.
Periodo de comentarios y crisis de atascos
En cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), el gobierno ha abierto un periodo de 60 días para recibir comentarios, opiniones y argumentos del público antes de que la norma entre en vigor. Este paso es fundamental para evitar que la medida sea bloqueada posteriormente en tribunales.
El anuncio llega en un momento crítico para el sistema migratorio. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) enfrenta actualmente un rezago que supera los 12 millones de solicitudes. Abogados y activistas advierten que, lejos de agilizar el sistema, las nuevas medidas de seguridad anunciadas la semana pasada y el encarecimiento de los trámites podrían exacerbar los tiempos de espera y el colapso administrativo.