Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y uno de los ex mandos señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses.
Almanza Avilés figura en una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, en la que autoridades estadounidenses sostienen que diversos funcionarios y exfuncionarios de seguridad en Sinaloa habrían brindado apoyo a la organización criminal para facilitar sus operaciones y permitirle actuar sin restricciones en la entidad.
De acuerdo con la acusación, siete mandos de seguridad y funcionarios vinculados a la Fiscalía de Sinaloa habrían participado en una estructura que presuntamente favorecía al Cártel de Sinaloa. En la base de dicho esquema aparecen Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos identificados como exjefes de la Policía de Investigación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios tenían bajo su responsabilidad la operación policial en campo, lo que supuestamente permitía a la organización criminal eliminar rivales y mantener control territorial.
La entrega de Almanza Avilés ocurre días después de que diversas figuras políticas y judiciales de Sinaloa comparecieran ante la Fiscalía General de la República como parte de la investigación abierta en México tras las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
El pasado 26 de mayo acudieron a declarar el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Saavedra; el senador Enrique Inzunza, y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ese mismo día también compareció Almanza Avilés, quien fue el último de los citados en presentarse ante las autoridades federales mexicanas. Con su asistencia sumaron cinco los citatorios relacionados con la investigación derivada del llamado “caso Rocha Moya”.
El contexto de este proceso se remonta a la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye una solicitud de detención y extradición contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Tras darse a conocer las imputaciones, Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque político contra el movimiento de la denominada Cuarta Transformación.
En el documento judicial estadounidense se señala que los acusados son funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del gobierno y de las corporaciones de seguridad de Sinaloa, quienes presuntamente se habrían asociado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras las autoridades de ambos países avanzan en los procedimientos judiciales correspondientes.