Las organizaciones Encuentro Ciudadano Lagunero, Pro Defensa del Nazas y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C, que promovieron la defensa legal del Acuífero Principal de La Laguna acusaron al Gobierno Federal de intentar reducir los alcances de la sentencia judicial que ordena acciones para proteger esta fuente de abastecimiento de agua para la región.
Los colectivos señalaron que un oficio atribuido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea criterios que, a su juicio, podrían restringir el cumplimiento de la resolución obtenida tras años de litigio, la cual busca atender la sobreexplotación histórica del acuífero lagunero.
De acuerdo con los activistas, la resolución judicial establece medidas encaminadas a garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico y obliga a las autoridades a considerar el impacto que tienen las concesiones y extracciones sobre el equilibrio del acuífero.
Sostienen que la postura federal representa una interpretación que podría debilitar el espíritu de la sentencia, pues consideran que el objetivo central del fallo es priorizar el derecho humano al agua y la recuperación de una reserva que durante décadas ha enfrentado una extracción superior a su capacidad de recarga.
Además, advirtieron que cualquier intento por modificar o limitar los efectos de la resolución enviaría una señal contradictoria frente a la crisis hídrica que enfrenta el norte del país, particularmente la Comarca Lagunera.
Los defensores del acuífero recordaron que el proceso legal se impulsó precisamente para obligar a las autoridades a tomar decisiones con criterios de sustentabilidad y evitar que continúe el deterioro de una de las reservas de agua más importantes de la región.
Asimismo, hicieron un llamado a que el cumplimiento de la sentencia se mantenga sin restricciones y que las instituciones federales respeten los alcances determinados por los tribunales, privilegiando la protección del recurso por encima de intereses particulares.
Para las organizaciones, la discusión va más allá de un tema jurídico y representa una definición sobre el futuro del agua en La Laguna, una región donde millones de personas dependen de este acuífero para el consumo humano, la actividad agrícola y el desarrollo económico.