León, Gto. – En una resolución calificada como "histórica" por las autoridades locales, un tribunal de enjuiciamiento dictó dos sentencias condenatorias que suman un total de 1,018 años y cuatro meses de prisión en contra de Edgar Francisco Franco Ríos, responsable del despacho jurídico Punto Legal, tras demostrarse su culpabilidad en un masivo fraude inmobiliario que afectó el patrimonio de 107 familias en esta ciudad.
Además de la pena privativa de la libertad, el hoy sentenciado fue condenado a pagar una millonaria suma por concepto de reparación integral del daño, la cual asciende a 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral, y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados a las víctimas.
El tope legal y el verdadero alcance del fallo
A pesar de la espectacularidad de la cifra de mil 18 años de cárcel, la Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró que la legislación penal de Guanajuato contempla un límite máximo de compurgación física en prisión de 80 años.
No obstante, la representación social enfatizó que la relevancia medular de este fallo judicial radica en el ámbito económico y civil.
" "El verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente", puntualizó la FGE, comprometiéndose a velar por que el dinero sea reintegrado a los afectados.
El modus operandi: Remates bancarios falsos
Edgar Francisco Franco Ríos, quien fue detenido en el año 2023, operaba a través de su firma legal ofertando viviendas de manera engañosa bajo el esquema de supuestos remates bancarios.
Las investigaciones ministeriales y el trabajo del Ministerio Público lograron demostrar ante el tribunal que el abogado utilizó diversos artificios y engaños consecutivos. Se comprobó que el sentenciado ofrecía y vendía inmuebles sobre los cuales no poseía ninguna facultad legal de comercialización, ni tampoco se encontraban bajo ningún tipo de litigio financiero que justificara su remate.
El Ministerio Público acreditó caso por caso el impacto real, económico y emocional que sufrieron las 107 familias —muchas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida—. Tras desahogarse las pruebas, el tribunal emitió los fallos condenatorios correspondientes en audiencias celebradas los pasados 26 y 30 de junio, cerrando así uno de los capítulos de fraude patrimonial más grandes registrados en la entidad.