La identificación de José Francisco Juárez Adriano, desaparecido desde octubre de 2008, no representa el cierre de un caso, sino el inicio de una nueva exigencia de verdad y justicia para su familia, afirmó el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), que denunció irregularidades durante el proceso de notificación y entrega de sus restos.
A través de un pronunciamiento, el colectivo sostuvo que, aunque los restos de José Francisco fueron identificados, la investigación continúa sin esclarecer quiénes fueron los responsables de su desaparición y asesinato, ni se ha logrado localizar a Javier Burciaga, quien desapareció junto con él el 26 de octubre de 2008 en Matamoros, Coahuila.
Las organizaciones recordaron que los restos fueron localizados hace más de un año, pero la familia recibió la notificación apenas el pasado 16 de julio.
FUUNDEC aseguró que el procedimiento incumplió el Protocolo Nacional de Actuación para la Notificación y Entrega Digna de Personas Identificadas, al utilizar un lenguaje técnico que provocó revictimización y al no informar oportunamente a las asesoras jurídicas sobre el dictamen emitido por el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), el cual, señalaron, estaba concluido desde mayo.
Según el colectivo, estas omisiones impidieron organizar una despedida digna y planificar el proceso funerario conforme a los derechos de las víctimas.
También cuestionó la actuación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), al señalar que el apoyo para los gastos funerarios fue insuficiente y que la familia tuvo que elegir el ataúd mediante fotografías enviadas por teléfono. Además, denunciaron que el primer féretro entregado estaba en malas condiciones, lo que retrasó la inhumación hasta la noche del pasado 18 de julio.
"¿Eso es digno después de tantos años desaparecido y que informaran que había sido asesinado?", cuestionó el colectivo en el documento.
FUUNDEC sostuvo que estos hechos reflejan una falta de sensibilidad institucional y aseguró que las mesas de diálogo con las autoridades no se traducen en una atención efectiva para las familias.
Entre sus principales demandas, el colectivo solicitó que continúen las investigaciones para esclarecer el caso; que todas las autoridades cumplan los protocolos nacionales de investigación y notificación; que se investigue la actuación de los servidores públicos involucrados; que se fortalezca la autonomía del Centro Regional de Identificación Humana "Blanca Isabel Martínez Bustos"; que se reconozca formalmente al Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios como representante de las víctimas, y que se informe a las familias sobre las acciones emprendidas para garantizar sus derechos.
El colectivo reiteró que la identificación de una víctima no pone fin a la lucha de las familias, pues insistió en que aún falta conocer la verdad de los hechos, sancionar a los responsables y encontrar a las personas que permanecen desaparecidas.
"Seguimos con la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición, y no descansaremos hasta encontrarles", concluye el pronunciamiento.