El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio dirigió un llamado respetuoso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar que el principio de trato humanitario en los centros penitenciarios alcance a los comuneros detenidos en Gómez Palacio, Durango.
A través de un pronunciamiento público, la organización cuestionó si el respeto a los derechos humanos y el debido proceso serán garantizados para quienes hoy enfrentan procesos penales tras manifestarse por causas laborales en la zona industrial, exigiendo que la defensa de derechos no se traduzca en persecución judicial ni en una condena anticipada para las familias de la comunidad.
En el posicionamiento, el colectivo recordó que las aprehensiones se derivaron del operativo del 18 de marzo de 2026 en el poblado de Dinamita, desplegado durante una protesta en solidaridad con cuatro trabajadores despedidos por la empresa Servicios Industriales SOTOMEX. A las 28 detenciones iniciales realizadas por corporaciones municipales, estatales, la Guardia Nacional y el Ejército, se sumó posteriormente el arresto de la activista Teresita Ochoa, quien había denunciado públicamente las irregularidades del operativo.
Sin solicitar privilegios, las familias apelaron a la intervención del Ejecutivo federal para que se garantice la presunción de inocencia y la revisión justa de las carpetas de investigación.
A la par del llamado a la Presidencia, el Frente Unido difundió un análisis en el que afirma que las detenciones no corresponden a un hecho aislado, sino a una estrategia integral para desarticular la resistencia comunitaria sobre un predio de 52 hectáreas.
De acuerdo con la organización, el conflicto por el territorio inició en 2017 con la oposición a la planta de cianuro de sodio de la empresa Chemours Company. Tras la salida de la firma y el posterior arbitraje internacional emprendido por la compañía checa Draslovka contra el Estado mexicano, el Gobierno de Durango anunció, a diez días del operativo de marzo, la intención de crear un nuevo parque industrial en el mismo terreno.
Frente a este escenario, el movimiento sostuvo que el despliegue policial y la judicialización buscan reducir la resistencia social para facilitar negociaciones con empresas e imponer proyectos industriales sin consulta previa.
El Frente Unido reiteró que las exigencias centrales al Estado incluyen la libertad plena para los 29 procesados, el retiro de medidas cautelares restrictivas, el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía y la reparación integral del daño, enfatizando que la defensa de la vida, el agua y la tierra en La Laguna continuará por la vía legal y comunitaria.