El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) mantiene un inventario aproximado de 6 mil expedientes en trámite relacionados con faltas administrativas graves en las que se encuentran involucrados servidores y exservidores públicos, informó su presidente, José Ramón Amieva.
Durante una visita a Torreón, explicó que entre las conductas que con mayor frecuencia aparecen en estos procedimientos destacan el desvío de recursos y el abuso de funciones, aunque existen seis tipos de conductas que pueden derivar en responsabilidades.
Señaló que el Tribunal no distingue la procedencia política de las personas involucradas, sino que analiza las conductas cometidas durante el ejercicio del servicio público y, particularmente, aquellos asuntos donde se encuentran involucrados recursos federales.
Indicó que los procedimientos pueden derivarse de actos relacionados con licitaciones, contratos y obra pública, y alcanzar a servidores o exservidores de los ámbitos municipal, estatal y federal cuando existe participación de recursos provenientes de la Federación.
Como ejemplo de los asuntos que llegan al Tribunal, mencionó que recientemente el pleno jurisdiccional atendió el caso de un exservidor público estatal que estuvo al frente de una instancia de radio y televisión, a quien se le ratificó un daño patrimonial por 250 millones de pesos. El presidente del TFJA evitó revelar la identidad o entidad de procedencia del involucrado.
Explicó que antes de que un expediente llegue al Tribunal existe un proceso de fiscalización encabezado por los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación. A partir de los hallazgos se puede generar un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), en el que se establece la conducta señalada, el posible daño y su relación con el servidor público.
Una vez recibido el asunto, corresponde al Tribunal sustanciar el procedimiento y determinar si existe o no responsabilidad, así como imponer la sanción correspondiente cuando se acredita una falta administrativa grave.
Consideró necesario fortalecer y reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente su plataforma para concentrar información sobre faltas administrativas y sanciones.
Señaló que actualmente esa herramienta no se encuentra funcional como debería y que se requiere avanzar también en las designaciones pendientes de integrantes provenientes de la academia y de la sociedad civil organizada.
El presidente del TFJA agregó que el organismo recibe a nivel nacional entre 800 y 900 asuntos diariamente, por lo que se trabaja en herramientas como el juicio en línea y sistemas de seguimiento para agilizar la impartición de justicia administrativa.
En el caso de Coahuila y Durango, explicó que una de las 27 sedes jurisdiccionales del Tribunal atiende ambas entidades y conoce controversias relacionadas con actos de autoridades federales.
Señaló además que se busca impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias, con los cuales las partes pueden construir acuerdos mediante personas facilitadoras sin necesidad de desarrollar todo un juicio.
Sobre actos como el aseguramiento o congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisó que al TFJA le corresponde revisar la legalidad del acto concreto, mientras que los asuntos relacionados con el control de constitucionalidad corresponden al Poder Judicial de la Federación.