La Fiscalía General del Estado reforzó el seguimiento a las amenazas difundidas en redes sociales tras los hechos violentos registrados en una secundaria del ejido La Unión, donde un hombre de 26 años fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de amenazas, informó Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I.
El funcionario explicó que, mediante labores de investigación cibernética, se logró identificar a Ubaldo N., quien presuntamente utilizó perfiles falsos para publicar mensajes intimidantes e incitar a la violencia en relación con el caso del plantel educativo.
Tras su detención, el hombre fue presentado ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y establecer un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Rangel Gámez señaló que la actuación de la Fiscalía no se limita a investigar los hechos ocurridos en la secundaria, sino que también contempla las publicaciones que puedan generar temor entre estudiantes, docentes y familias de la región.
Indicó que, por instrucciones del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, la Policía Cibernética y la Agencia de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante de redes sociales para identificar posibles riesgos y actuar ante conductas que puedan afectar la tranquilidad de la población.
El delegado precisó que, en relación con las publicaciones y amenazas surgidas después del caso de la secundaria, se ha dado seguimiento a cuatro personas: un adulto detenido y tres menores de edad que recibieron un tratamiento jurídico distinto por su condición. Añadió que en los casos correspondientes ya se tomaron medidas legales.
Como parte de las acciones preventivas, la Fiscalía ha sostenido reuniones con estudiantes, docentes y madres y padres de familia, además de establecer un grupo de comunicación con autoridades de distintos planteles educativos para atender reportes y solicitudes.
El objetivo, explicó, es mantener una comunicación directa con las comunidades escolares y detectar oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo. Para ello, también consideró importante la participación de docentes y familias en la identificación de cambios de conducta entre los estudiantes y en la comunicación de cualquier situación que requiera atención.
Rangel Gámez agregó que las denuncias por amenazas se integran e investigan conforme a la ley, mientras que las posibles sanciones dependen de las circunstancias de cada caso y de los delitos que se acrediten.
Finalmente, reiteró que la Fiscalía continuará con el monitoreo de publicaciones en internet y la coordinación con autoridades estatales y municipales para atender los reportes, dar seguimiento a las víctimas y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar.