Ciudad de México.- Cientos de indígenas de la región Altos de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre en San Cristóbal de Las Casaspara exigir justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido hace dos años. Los manifestantes denunciaron que todavía no se identifica a quienes ordenaron el crimen.
Los contingentes salieron de tres puntos de la ciudad, entre ellos el barrio de Cuxtitali, donde fue baleado el sacerdote, y avanzaron hacia la Plaza de la Resistencia con pancartas, palmas y banderas blancas y amarillas. La movilización cerró con una ceremonia religiosa frente a un altar de flores y productos de la tierra.
Juan López, integrante de la organización católica Pueblo Creyente, informó que pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones hasta dar con los autores intelectuales. La misma petición incluye el esclarecimiento de otros casos, como los de Simón Pedro, Nueva Morelia, Chicomuselo y Acteal, además de garantías de reparación y no repetición.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis, aseguró que los autores intelectuales siguen sin identificarse. Pidió que el caso no se separe del contexto de violencia en el estado ni de las amenazas que el sacerdote recibió por su labor como defensor de derechos humanos: "Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales".
En un comunicado, Pueblo Creyente sostuvo que la situación en Chiapas no ha mejorado. Señaló que continúan la imposición de carreteras, la venta de alcohol y drogas, las detonaciones de armas, el cobro de piso, los "levantones" y los asesinatos, que atribuyó a la disputa entre grupos de poder rumbo a las elecciones de 2027.
Marcelo Pérez Pérez fue asesinado el 20 de octubre de 2024 por dos hombres en motocicleta, después de oficiar misa en Cuxtitali. Era conocido por mediar en conflictos comunitarios y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las amenazas en su contra. Tras el crimen, las autoridades estatales detuvieron a Edgar "N" como presunto autor material.